Especialistas en procuración de justicia coincidieron en la necesidad de diseñar leyes que permitan combatir y erradicar las denuncias falsas, al advertir que no sólo representan una mentira entre particulares, sino un fraude procesal que atenta directamente contra la administración de justicia.
Lo anterior se expuso durante el Foro sobre Denuncias Falsas desde la Visión de las Ciencias Forenses, organizado por la diputada Catalina Díaz Vilchis en coordinación con la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, con el objetivo de visibilizar esta problemática, identificar sus características y proponer mecanismos para su combate.
El presidente de la CONCAAM, José Emmanuel Hernández Sánchez, señaló que este tipo de denuncias implica un uso indebido de los mecanismos legales y genera consecuencias jurídicas que afectan la vida de las personas. Destacó la importancia de abrir espacios de diálogo entre instituciones, comunidad jurídica y sociedad para analizar el fenómeno desde una perspectiva técnica, ética y social.
En su intervención, Héctor Vinicio Rodríguez López, contralor interno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, subrayó que las denuncias falsas constituyen un problema estructural del Estado de derecho, ya que distorsionan el sistema de justicia al utilizarlo como herramienta de venganza o interés personal.
Afirmó que cada investigación basada en hechos inexistentes desvía recursos que deberían destinarse a delitos reales, afectando a víctimas que realmente buscan justicia. “La denuncia falsa no sólo es una mentira, es un acto de violencia institucional que vulnera la dignidad humana y debilita la confianza en las instituciones”, puntualizó.
Por su parte, el magistrado Nazario Norberto Sánchez compartió su experiencia personal al haber sido acusado falsamente, lo que —dijo— le generó afectaciones en su reputación, entorno familiar y carrera política, pese a haber sido absuelto.
En tanto, Fernando Hernández Pantoja, asesor jurídico del Heroico Colegio Militar, expuso que las personas acusadas injustamente enfrentan impactos severos en cuatro ámbitos: emocional, físico, social y económico, incluyendo estrés, depresión, pérdida de empleo y estigmatización.
Durante el foro, expertos también plantearon la necesidad de fortalecer la capacitación de ministerios públicos, jueces y operadores del sistema, así como considerar la inclusión del delito de simulación en el Código Penal Federal o la creación de una legislación específica.
Los participantes coincidieron en que el Estado debe garantizar procesos justos, evitar abusos del sistema y fomentar una cultura jurídica basada en la verdad, con el fin de construir un sistema de justicia más confiable y equitativo.
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