La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que el Congreso de Nuevo León incurrió en omisión al no armonizar su legislación en materia de transparencia con el marco federal vigente.
La determinación se dio al resolver la Controversia Constitucional 265/2025, promovida por el Poder Ejecutivo estatal, en la que se señaló que el Congreso local no realizó las adecuaciones necesarias tras la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica, publicada el 20 de diciembre de 2024.
Dicha reforma establece la eliminación de organismos autónomos de transparencia, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la transferencia de sus funciones a dependencias del Ejecutivo y otros poderes.
De acuerdo con el fallo, el Congreso estatal contaba con un plazo de 90 días naturales, una vez emitidas las leyes generales correspondientes el 20 de marzo de 2025, para realizar las modificaciones legales, lo cual no ocurrió.
Entre los cambios pendientes se encuentra la adecuación de la Constitución local para extinguir el Instituto Estatal de Transparencia de Nuevo León y redistribuir sus funciones conforme al nuevo modelo federal.
Durante el proceso, el Congreso argumentó que las reformas estaban en análisis dentro de comisiones, por lo que no existía una omisión total. Sin embargo, la Corte determinó que sí hubo incumplimiento.
En su resolución, el máximo tribunal ordenó al Poder Legislativo estatal realizar las reformas necesarias para ajustarse a las leyes generales de transparencia y protección de datos personales, a más tardar en el siguiente periodo ordinario de sesiones posterior a la notificación de la sentencia.
Asimismo, la Corte advirtió que la omisión legislativa puede afectar de manera directa las facultades del Poder Ejecutivo estatal.
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