Datos desactualizados y omisiones de varias acciones gubernamentales son los motivos principales por los que el Gobierno mexicano rechazó el informe del Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
“No fueron consideradas las acciones que hemos hecho”, comentó la mandataria, en referencia a que el reporte no incluyó nada acerca de la estrategia de seguridad del país latinoamericano desde 2018 a la fecha. Días atrás, México calificó el informe como “tendencioso y falto de rigor jurídico”.
El choque no es menor ni meramente técnico. Lo que está en juego no es solo la interpretación de cifras o metodologías, sino la narrativa completa de una crisis que, guste o no, sigue abierta. Mientras el gobierno insiste en que hay avances y que el diagnóstico internacional está desfasado, la realidad en el terreno —con miles de familias buscando a sus desaparecidos— difícilmente puede archivarse bajo el argumento de diferencias metodológicas.
El punto incómodo para ambas partes es evidente: si el informe está equivocado, el Estado mexicano tendría que demostrar con claridad, transparencia y resultados que la situación ha cambiado de fondo; pero si el informe tiene sustento, entonces el problema es aún más grave de lo que se quiere admitir. En medio de ese jaloneo político y diplomático, las víctimas vuelven a quedar en segundo plano.
Porque al final, más allá de si el documento es “tendencioso” o “incompleto”, hay una pregunta que sigue sin respuesta contundente: ¿por qué, después de tantos años y tantos discursos, México sigue siendo un país donde desaparecer sigue siendo posible?
Con información de https://noticiaslatam.lat/
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