La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia electoral conocida como Plan B, en una sesión que dejó ver no solo la fuerza del bloque oficialista, sino también el papel decisivo de Movimiento Ciudadano, que terminó por inclinar la votación y abrir paso a la iniciativa presidencial, ya sin el apartado que buscaba empatar la revocación de mandato con los comicios federales de 2026.
En San Lázaro, a diferencia de lo ocurrido previamente en el Senado, el oficialismo logró reagruparse y empujar la reforma con el respaldo de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, sumando además los votos de la bancada naranja. Desde Movimiento Ciudadano se defendió la postura como una decisión enfocada en recortar excesos y frenar el dispendio de recursos públicos, aunque marcando distancia del clima de confrontación política que domina el escenario nacional.
Del otro lado, PAN y PRI mantuvieron su rechazo al advertir que los cambios propuestos no atienden problemas estructurales del sistema electoral y, por el contrario, podrían debilitar el equilibrio entre los distintos niveles de gobierno. También señalaron que se introducen modificaciones en municipios indígenas sin consultas adecuadas y que se deja intacto el problema de la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Sus intentos por frenar la discusión no prosperaron frente a la mayoría alcanzada.
La reforma aprobada introduce ajustes de fondo en la estructura de ayuntamientos y congresos locales, estableciendo límites en su integración y en el manejo de sus presupuestos. En adelante, los municipios deberán conformarse con un número acotado de integrantes, bajo criterios obligatorios de paridad de género e igualdad sustantiva, mientras que las legislaturas estatales no podrán rebasar un porcentaje específico del gasto público de sus entidades.
Uno de los ejes centrales del dictamen es la política de austeridad, que también alcanza a los organismos electorales. Se fijan límites estrictos a las remuneraciones de consejeros y magistrados, además de eliminar una serie de prestaciones adicionales como seguros privados, cajas de ahorro especiales y esquemas de retiro que no estén expresamente contemplados en la ley.
El documento establece además que los recursos generados por los recortes deberán destinarse a obras de infraestructura y programas de beneficio social, con la intención de reorientar el gasto público hacia áreas de impacto directo en la población. Sin embargo, este punto también abre interrogantes sobre la manera en que se administrarán dichos ahorros en los estados y municipios.
En el régimen transitorio se fija como plazo límite mayo de 2026 para que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales armonicen su marco jurídico conforme a la reforma. Mientras tanto, se prevé la aplicación directa de las disposiciones constitucionales en caso de vacíos o retrasos, lo que podría derivar en disputas legales en distintos frentes.
Otro aspecto relevante es el ajuste progresivo al presupuesto del Senado, que deberá reducirse de manera gradual en los próximos años hasta alcanzar una disminución acumulada significativa, sin afectar los derechos laborales del personal. A la par, los organismos electorales federales y estatales estarán obligados a revisar sus estructuras administrativas y financieras para cumplir con las nuevas reglas.
Con esta aprobación, el Plan B avanza en medio de una fuerte polarización política, donde el discurso de austeridad y combate a privilegios se enfrenta a las advertencias de la oposición sobre posibles efectos en la vida democrática del país. El respaldo de Movimiento Ciudadano terminó siendo la pieza clave en una votación que, más allá de los números, deja claro que el debate electoral está lejos de cerrarse.
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