En un intento por frenar la apropiación indebida de expresiones culturales, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez llevó al pleno del Congreso de Baja California una propuesta de reforma que apunta a proteger legalmente los diseños textiles elaborados por comunidades indígenas, frente a prácticas de copia y comercialización sin autorización.
La iniciativa surge en medio de señalamientos reiterados sobre empresas que han reproducido bordados y patrones tradicionales para venderlos en mercados nacionales e internacionales sin generar beneficios para sus creadores. Este fenómeno, que ha sido denunciado en distintas regiones del país, vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la propiedad cultural y los derechos colectivos.
La propuesta legislativa plantea incorporar de manera explícita estos diseños al marco jurídico estatal como parte del patrimonio cultural, lo que permitiría reconocerlos formalmente y abrir la puerta a mecanismos de protección, registro y defensa. La intención es cerrar los vacíos legales que hoy facilitan su explotación.
Desde la tribuna, la legisladora sostuvo que los textiles no deben verse únicamente como productos artesanales, sino como piezas cargadas de significado, donde se entrelazan historia, identidad y cosmovisión. Cada hilo, explicó, representa conocimientos heredados y formas de entender el mundo que han sido transmitidas por generaciones.
El proyecto también contempla ajustes institucionales para alinear la legislación cultural con disposiciones vigentes del aparato gubernamental, con el fin de fortalecer las capacidades del Estado en la protección de estos bienes. Entre los cambios se incluye la posibilidad de inscribir declaratorias relacionadas con el patrimonio en registros públicos, así como ampliar las atribuciones del Instituto de Cultura para establecer estrategias de resguardo.
Además, se actualizan referencias legales para que el marco normativo responda a las estructuras actuales de justicia administrativa y procuración, evitando rezagos que limiten su aplicación.
La iniciativa, aún en discusión, busca enviar una señal clara frente al uso indiscriminado de elementos culturales: el patrimonio indígena no puede seguir siendo tratado como mercancía sin reconocimiento ni compensación. De avanzar, colocaría a Baja California en una posición relevante dentro del debate nacional sobre la defensa de la identidad y los derechos culturales de los pueblos originarios.
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