La organización México Evalúa presentó el estudio “Navegando las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio”, en el que analiza el estado de las finanzas públicas del país en un contexto de bajo crecimiento económico y mayores presiones estructurales.
El documento reconoce que durante el último año se registraron avances en materia de recaudación fiscal, impulsados principalmente por una mayor fiscalización, lo que permitió alcanzar niveles históricos en los ingresos tributarios. Asimismo, destaca que el gasto social se mantuvo en áreas consideradas prioritarias como salud, educación y fortalecimiento del Estado de derecho.
No obstante, el análisis señala que el objetivo de reducir el déficit fiscal no se alcanzó plenamente. De acuerdo con el informe, el déficit cerró en 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto, por encima de la meta oficial de 3.9 por ciento.
Como resultado, la deuda pública medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzó 53.1 por ciento del PIB, equivalente a 18.8 billones de pesos. Además, el pago de intereses de la deuda llegó a 1.31 billones de pesos, el nivel más alto registrado desde 1993.
El estudio también advierte que el proceso de consolidación fiscal se vio limitado por la rigidez del gasto público y por el aumento de apoyos financieros a Petróleos Mexicanos, en un contexto marcado por la caída en la producción de crudo, que se ubicó en 1 millón 367 mil barriles diarios, su nivel más bajo desde 1990.
En este escenario, la inversión física del gobierno se convirtió en la principal variable de ajuste. El informe señala que esta se redujo a 770 mil millones de pesos, su nivel más bajo desde 2008, lo que representó una caída de 28.4 por ciento respecto al año anterior.
Para Mariana Campos, el reto no se limita únicamente a disminuir el déficit, sino a consolidar una estrategia que combine estabilidad macroeconómica, fortalecimiento de la base fiscal, protección social e inversión estratégica que permita sostener el desarrollo en el mediano y largo plazo.
Por su parte, Jorge Cano señaló que la consolidación fiscal no puede depender únicamente de ajustes temporales, por lo que planteó la necesidad de reglas más claras que garanticen que la deuda se utilice para financiar inversión productiva, así como una mayor transparencia en los procesos de fiscalización.
Entre las principales recomendaciones del estudio destacan ampliar la base tributaria mediante el crecimiento económico y la formalización, fortalecer la transparencia en la fiscalización y el papel de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, definir con mayor precisión qué proyectos pueden considerarse inversión productiva, establecer garantías presupuestarias plurianuales para sectores estratégicos y condicionar los apoyos a Pemex a mejoras verificables en su rentabilidad.
El informe concluye que México enfrenta un momento clave para ordenar la trayectoria de su deuda pública y avanzar hacia un modelo de finanzas públicas que combine estabilidad financiera, desarrollo incluyente y responsabilidad fiscal a largo plazo.
Especial-México Evalúa
