
Una fuerte acusación sobre el posible uso político de la justicia en Nuevo León llegó al Congreso del Estado, luego de que el diputado Glen Villarreal Zambrano de Movimiento Ciudadano solicitara la intervención de la Fiscalía General de la República para revisar el actuar de la Fiscalía estatal.
El exhorto surge tras el caso que llevó a la detención y vinculación a proceso de la funcionaria Karina “N”, señalada por presuntamente haber fabricado una carpeta de investigación contra el senador Waldo Fernández González, situación que el legislador consideró como un precedente que obliga a revisar otros expedientes.
Desde tribuna, Villarreal relató que durante el periodo en que se desempeñó como vocero de MC enfrentó la apertura de 21 carpetas de investigación que calificó como inventadas y que, aseguró, aparecieron en medio de momentos de confrontación política en el estado.
De acuerdo con el diputado, si se sumaran las penas potenciales relacionadas con esos expedientes la cifra alcanzaría hasta 298 años de prisión, una situación que calificó como absurda al comparar que incluso podría terminar con más carpetas abiertas que criminales de alto perfil.
“Si a Karina ‘N’ le dieron prisión por fabricar una carpeta, la pregunta es obligada: ¿qué tiene que pasar con quienes me fabricaron veintiuna?”, señaló Villarreal.
El legislador mencionó que el número de investigaciones abiertas en su contra incluso superaría las atribuidas a figuras del crimen organizado como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.
En su posicionamiento también advirtió sobre lo que considera una posible politización en la procuración de justicia en Nuevo León, al afirmar que 249 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado estarían formalmente afiliados al PRI, situación que —dijo— genera dudas sobre la imparcialidad de la institución.
El Punto de Acuerdo presentado ante el Congreso plantea que la Fiscalía General de la República revise las prácticas institucionales de la dependencia estatal, en especial en lo relacionado con la integración de denuncias, la apertura de carpetas de investigación y la posible utilización del sistema penal con fines políticos.
Para Villarreal, el precedente judicial surgido del caso de Karina “N” obliga a revisar otros expedientes que pudieran haberse integrado bajo circunstancias similares para garantizar que la procuración de justicia se ejerza con imparcialidad.
Finalmente, el diputado cuestionó que si este tipo de situaciones pueden ocurrir contra un legislador con visibilidad pública, el panorama podría ser todavía más complejo para ciudadanos que no cuentan con tribuna ni respaldo político para defenderse.
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