El conflicto entre poderes en Nuevo León escaló este viernes hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el Congreso local presentó una controversia constitucional por la publicación parcial del llamado Decreto 340 por parte del Ejecutivo estatal.
La presidenta del Congreso, Itzel Castillo Almanza, acudió a la sede del máximo tribunal en la Ciudad de México para formalizar el recurso legal, con el que buscan que se invalide la forma en que el gobierno estatal difundió el decreto.
De acuerdo con la legisladora, la acción legal se sustenta en una resolución reciente que dejó abierta la posibilidad de que el Congreso impugne la publicación, al considerar que no se realizó de manera íntegra.
El proceso apenas inicia, pero se prevé que en las próximas semanas la Corte admita la demanda y notifique al Ejecutivo estatal, que tendría un plazo de alrededor de 30 días para responder. Bajo los tiempos que ha manejado el máximo tribunal, el caso podría resolverse en un periodo aproximado de cuatro meses.
El fondo del conflicto no es menor. El Decreto 340 contempla mecanismos que permitirían establecer responsabilidades al titular del Ejecutivo en casos de corrupción, además de limitar su participación en decisiones clave como la designación del Fiscal o de integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa.
También incluye disposiciones para evitar prácticas como la omisión en la publicación de decretos aprobados por el Congreso o la retención de recursos destinados a los municipios, temas que han sido motivo de fricción en la relación entre ambos poderes.
Con este movimiento, el Legislativo busca que sea la Corte quien ponga un punto final a la disputa, en un episodio más de la tensión política que ha marcado la dinámica institucional en el estado.
