Ciudad de México.– A casi nueve años de uno de los episodios más violentos en Michoacán, el nombre de Silvano Aureoles Conejo vuelve a sacudir el escenario judicial. De acuerdo con información publicada por el diario El Sol de México, un juez federal giró nuevas órdenes de aprehensión en contra del exgobernador y de exfuncionarios de su administración, particularmente ligados al área de Seguridad Pública durante el periodo 2015-2021.
Las resoluciones judiciales, que suman al menos 16 mandatos, estarían relacionadas con delitos graves como tortura, abuso de autoridad y homicidio, todos vinculados con los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Arantepakua en 2017. Aquella jornada permanece marcada como una de las más oscuras en la relación entre el gobierno estatal y los pueblos originarios.
Aunque no se han revelado todos los nombres incluidos en estas órdenes, el contexto remite directamente a la estructura de seguridad que operaba en ese entonces, encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, bajo cuyo mando actuaron los elementos que participaron en el operativo.
El caso no es nuevo, pero sí vuelve a tomar fuerza en un momento clave. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había documentado en 2020 violaciones graves derivadas de esos hechos, mientras que años después se presentaron nuevas denuncias contra la administración estatal, ampliando el alcance de las investigaciones.
El 5 de abril de 2017 quedó grabado en la memoria de Arantepakua. Ese día, habitantes de la comunidad regresaban de la capital michoacana tras sostener diálogo con autoridades por un conflicto agrario de larga data. En el trayecto, fueron interceptados por fuerzas estatales bajo señalamientos que posteriormente fueron rechazados por los propios comuneros.
Lo que siguió fue una escalada de tensión que derivó en protestas y bloqueos carreteros, respondidos con un despliegue masivo de elementos policiacos. El operativo terminó en tragedia: cuatro personas perdieron la vida, varias más fueron detenidas y decenas resultaron lesionadas en medio de un uso excesivo de la fuerza.
Desde entonces, la comunidad no ha dejado de exigir justicia. Cada aniversario se convierte en recordatorio de una herida abierta que, lejos de cerrarse, hoy vuelve a cobrar relevancia con estas nuevas acciones judiciales.
El trasfondo es aún más complejo. Aureoles enfrenta otros procesos por presuntos desvíos de recursos públicos y permanece fuera del alcance de las autoridades, al igual que algunos de sus excolaboradores. La reactivación del caso Arantepakua no solo revive una tragedia, también exhibe la deuda pendiente del sistema de justicia con las víctimas y la persistente impunidad en casos de alto perfil político.
Con información de https://oem.com.mx/elsoldemorelia- eitmedia.mx
Foto: Tomada de https://x.com/Silvano_A
