La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León informó que atraviesa una situación administrativa y presupuestal que ya impacta directamente en su personal, al no haberse aplicado el incremento salarial correspondiente al ajuste inflacionario de este año.
La presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano, explicó que actualmente la Comisión opera bajo un esquema de reconducción del presupuesto 2025, lo que ha limitado la disponibilidad de recursos suficientes para reflejar el aumento en la nómina de las 130 personas servidoras públicas que integran la institución.
De acuerdo con la titular, aunque la Tesorería General del Estado de Nuevo León ha cumplido con los depósitos correspondientes a sueldos y gastos operativos, estos se basan en el presupuesto del año anterior, sin contemplar la actualización derivada de la inflación.
Méndez Arellano advirtió que esta situación no solo representa un problema administrativo, sino una afectación directa a derechos fundamentales, al señalar que el salario es un derecho humano cuya omisión repercute en la estabilidad de las familias del personal, impactando rubros esenciales como alimentación, educación y salud.
Ante este panorama, la Comisión hizo un llamado al Gobierno estatal para que, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, se liberen los recursos necesarios que permitan aplicar el ajuste salarial y cumplir de manera íntegra con las obligaciones laborales del organismo.
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