En lo que algunos ya califican como una peculiar interpretación del “progreso”, el municipio de Pesquería decidió que la historia estorbaba… y la quitó. Literal. Una casona considerada patrimonio histórico fue demolida con maquinaria pesada, pese a estar bajo resguardo federal.
La acción no pasó desapercibida para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que rápidamente alzó la voz y exigió explicaciones al alcalde Francisco Esquivel, luego de que el inmueble ubicado en el cruce de Morelos y Porfirio Díaz, en pleno centro del municipio, fuera reducido a escombros sin autorización.
Por si quedaba duda, la demolición no fue precisamente discreta. Se realizó con maquinaria pesada, a plena luz del día y, según las autoridades federales, ignorando por completo la legislación que protege este tipo de edificaciones. Pero eso sí, todo en nombre del “avance”.
El propio edil defendió la decisión en redes sociales, asegurando que el objetivo es construir un centro de servicios municipales y llevar a Pesquería hacia la modernidad. Una modernidad que, al parecer, no incluye conservar el pasado.
La reacción del INAH no se hizo esperar. Desde su centro en Nuevo León calificaron el hecho como grave, cuestionando que una autoridad municipal presuma públicamente la demolición de un inmueble histórico en un municipio con raíces que se remontan al siglo XVI, y además utilizando recursos públicos.
Más allá del discurso, el asunto no es menor. En México, destruir o alterar patrimonio histórico sin autorización no es solo una mala decisión… es un delito federal que puede acarrear sanciones penales. El propio instituto ya inició las investigaciones correspondientes y advirtió que habrá consecuencias.
Mientras tanto, la frase “demoler para modernizar” queda flotando en el aire. Porque en Pesquería, al menos por ahora, el pasado parece ser el primer obstáculo en el camino hacia el futuro.
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