Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lanzó un mensaje que sacude el debate público: el país no puede seguir cargando con el estigma de ser un referente mundial en desapariciones. Afirmó que la magnitud del problema exige dejar de lado la negación y enfrentar una realidad que, dijo, no admite matices ni discursos evasivos.
La legisladora consideró que el llamado urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas para que el tema sea llevado a la Asamblea General abre una ventana que México no debería desaprovechar. Más que una sanción política, planteó, se trata de una posibilidad de acceder a cooperación internacional, asistencia técnica y recursos que permitan fortalecer las capacidades del Estado frente a una crisis que rebasa sus propios mecanismos.
En su posicionamiento, dejó claro que el reto no es menor. Habló de la obligación de investigar con resultados, de prevenir que estos hechos se repitan, de castigar a quienes resulten responsables y, sobre todo, de garantizar un trato digno a las víctimas y sus familias. Insistió en que reconocer la gravedad del problema no debilita al país, sino que abre la puerta a soluciones reales.
También recordó que México forma parte de acuerdos y organismos internacionales en materia de derechos humanos, por lo que los señalamientos externos no deberían verse como una intromisión, sino como parte de los procesos de evaluación que el propio Estado ha aceptado.
Uno de los puntos más delicados, advirtió, es que desde instancias internacionales ya se habla de indicios que podrían encuadrar estas desapariciones como crímenes de lesa humanidad, al tratarse de conductas que se repiten de forma amplia y sistemática. Para López Rabadán, esta alerta no puede minimizarse.
Las cifras respaldan la preocupación. Más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en México, mientras decenas de miles de restos humanos siguen sin ser identificados y continúan apareciendo fosas clandestinas en distintas regiones del país. En medio de este panorama, subrayó, han sido las propias familias quienes han asumido la búsqueda, evidenciando las fallas estructurales de las instituciones.
Desde nuestra redacción, el señalamiento no es nuevo, pero sí cada vez más difícil de esquivar. La crisis de desapariciones dejó de ser un tema de estadísticas para convertirse en una herida abierta que atraviesa generaciones. Mientras el discurso oficial intenta contener el impacto, la realidad en campo —con madres rastreando terrenos y colectivos haciendo el trabajo del Estado— exhibe una deuda que sigue creciendo.
Porque detrás de cada número hay una historia inconclusa. Y en un país donde la ausencia se volvió rutina, la exigencia ya no es solo de justicia, sino de respuestas que, hasta ahora, siguen sin llegar.
eitmedia.mx
