La diputada local Lorena de la Garza llevó a la tribuna del Congreso del Estado un reclamo que exhibe no solo un adeudo financiero, sino una deuda histórica con miles de docentes retirados en Nuevo León.
Desde el Poder Legislativo, la legisladora exigió al gobierno encabezado por Samuel García atender el rezago en el pago de ajustes a las pensiones de cerca de 15 mil maestros jubilados, correspondientes a los años 2024 y 2025, cuyo monto acumulado ronda los mil millones de pesos.
Se trata de las denominadas “diferencias”, incrementos que deben aplicarse conforme a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales obligan a actualizar las pensiones en proporción a los aumentos salariales de los docentes en activo. Este mecanismo, recordó la legisladora, se cumplió sin interrupciones durante casi tres décadas.
Sin embargo, el señalamiento adquiere mayor peso al evidenciar una contradicción en la postura oficial. Mientras el gobierno estatal sostiene que dichos pagos no se realizaban, existen registros de que en noviembre de 2021, ya durante la actual administración, sí se cubrieron estos ajustes.
Para la diputada, esta situación refleja una falta de claridad en el manejo de los recursos y en la política hacia los jubilados, quienes han tenido que recurrir históricamente a instancias legales para defender sus derechos.
En su intervención, también cuestionó las prioridades del gasto público estatal, al señalar que mientras crece el adeudo con los maestros retirados, se destinan recursos a estrategias de comunicación e imagen gubernamental.
El exhorto presentado plantea que el Ejecutivo estatal, a través del organismo de pensiones, entregue un informe detallado al Congreso sobre el número de afectados, los montos pendientes, las razones del incumplimiento y un calendario concreto para regularizar los pagos.
La exigencia, respaldada por legisladores del PRI y PRD, abre un nuevo frente de presión política para la administración estatal, en un tema que combina legalidad, justicia social y manejo de recursos públicos, y que pone nuevamente bajo la lupa la relación entre el gobierno y uno de los sectores más sensibles: los trabajadores de la educación que ya cumplieron su ciclo laboral.
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