Por: Sergio Pintado
El Gobierno de Chile inició los vuelos de deportación de migrantes irregulares, buscando activar una política que había sido tímida durante la gestión de Gabriel Boric. Sin embargo, expertos consultados por Sputnik explicaron que el Gobierno necesitaba esa “fotografía” y advirtieron que la meta trazada puede ser irreal.
El Gobierno chileno acaba de instrumentar “el primer vuelo de expulsión de migrantes” con el que la gestión del presidente, José Antonio Kast, busca comenzar a cumplir con la promesa de campaña de sacar del país a unos 300.000 extranjeros en situación de migración irregular.
Según informó la Subsecretaría del Interior del Gobierno chileno, el vuelo partió desde la base aérea del Grupo de Aviación N°10, en un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Acompañados de una decena de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), abordaron el avión unos 40 pasajeros con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador.
El canal televisivo Chilevisión consignó que los pasajeros —19 colombianos, 12 bolivianos y nueve ecuatorianos— tenían orden de expulsión del país por parte de la Justicia chilena, algunos por haber ingresado por pasos irregulares y varios otros por haber cometidos delitos como tráfico de drogas, robos con violencia, amenazas o porte ilegal de armas, entre otros. El operativo fue encabezado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, que afirmó en rueda de prensa que el Gobierno chileno buscará “intensificar” las deportaciones. “Estamos hoy día comenzando un proceso que esperamos sea repetido en ocasiones donde podamos acelerar el proceso de expulsión que el país demanda y que el presidente Kast nos ha instruido”, afirmó.
Consultada por Sputnik, la abogada especializada en migraciones Luz Hernández explicó que la expulsión de migrantes irregulares ya estaba prevista en la Ley de Migraciones chilena, que sufrió una última actualización en 2022, que establece que el solo ingreso al país por un paso no oficial es causal de ser expulsado del territorio.
En ese marco, Hernández apuntó que los vuelos de expulsados “no es algo novedoso” en sí mismo y de hecho muchos de los migrantes que fueron deportados en el primer vuelo habían sido notificados de su salida durante el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026). Sin embargo, Kast sí expresa la voluntad de ejecutar las notificaciones de expulsión a una gran cantidad de migrantes que no habían sido contactados por la gestión anterior.
“Muchas personas ya tenían expulsiones declaradas pero no habían sido notificadas y lo que este Gobierno realmente quiere es comenzar a notificarlas y ejecutarlas”, remarcó la abogada, integrante del estudio jurídico Migración Chile, especializado en estos casos.
La fotografía buscada por Kast
En diálogo con Sputnik, el analista internacional Boris Yopo enfatizó que el Gobierno de Kast necesitaba comenzar cuanto antes con este tipo de procedimientos para “presentar una imagen de que se está haciendo algo” en pos de cumplir la promesa de expulsar a unos 300.000 migrantes irregulares.
“El Gobierno estaba muy urgido. Querían la fotografía, los 15 segundos de televisión para mostrar que se estaba comenzando a expulsar a los migrantes ilegales que cometieron delitos en Chile”, analizó Yopo.
Por su parte, la analista política chilena Natalie Rojas sostuvo que el Gobierno busca generar “una medida efectista” con la deportación de migrantes a la luz de que algunos sondeos de opinión muestran “una tendencia a la baja de la aprobación de Kast”.
La experta señaló que, luego de una estrategia de acaparar la agenda pública con decretos y anuncios, el Gobierno de Kast comienza a afrontar algunos problemas en su vínculo con sus propios votantes, ávidos de acciones concretas en el marco del concepto de “gobierno de emergencia” que el actual mandatario delineó durante la campaña.
Para Rojas, aunque la cantidad de deportados sea “un número ínfimo” en esta primera etapa, el operativo apunta a “generar una idea” de acción y responder a una “presión social” que había comenzado a acrecentarse, incluso, desde sectores políticos que han respaldado a Kast. De hecho, la salida de migrantes había sido uno de los temas clave durante la primera cadena nacional hecha por Kast en la noche del miércoles 15 de abril. Allí, el presidente aseguró que el vuelo que partió hacia Colombia, Ecuador y Bolivia fue “el primero de muchos vuelos y buses que irán sacando, de manera continua, a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”.
El mandatario también destacó el éxito del Plan Escudo Fronterizo, que implicó la colocación de muros y zanjas en la frontera norte del país, y sostuvo que ya tiene “resultados concretos”. “En el primer mes de Gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años”, apuntó el presidente, agregando que también subió el número de “salidas voluntarias” y de extranjeros expulsados.
¿Una política imposible?
Para Yopo, sin embargo, la promesa de Kast sobre la expulsión de migrantes “no tiene por donde ser cumplida”, debido a los altos costos y esfuerzos logísticos que insumiría alcanzar la cifra de 300.000 migrantes deportados. De hecho, a mediados de marzo el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, reconoció en una entrevista que cada deportación tiene un costo de 3 millones de pesos chilenos, es decir, unos 3.000 dólares.
“Yo creo que siempre supieron que no podían expulsar a 300.000 migrantes. No hay condiciones materiales, estructurales, económicas. Creo que ningún país del Cono Sur tiene capacidad para generar este tipo de movimiento”, apuntó, por su parte, Rojas.
La abogada Luz Hernández puso en duda que el Gobierno chileno “tenga ingresos suficientes” para hacer frente a todos los vuelos necesarios para deportar a los migrantes y apuntó que, incluso si así fuera, podría encontrar problemas de relacionamiento con los países receptores. Esto puede ser particularmente más difícil para el caso de Venezuela, país de origen de la mayoría de los migrantes irregulares pero que tiene sus relaciones con Chile suspendidas desde 2025.
Para la abogada, “solo el tiempo va a decir si va a ser posible” concretar estas deportaciones y en qué medida el Gobierno de Kast necesitará firmar “tratados de repatriación” con países de la región. Hernández recordó, además, que si bien la legislación actual chilena no prevé un mecanismo para que los migrantes que ingresaron por pasos no habilitados regularicen su situación, sí hay muchos que podrían escapar de las expulsiones si presentan recursos judiciales de amparo ante tribunales de apelaciones o la propia Corte Suprema.
En esta lista entrarían los miles de extranjeros irregulares que, viviendo en Chile, han generado “vínculos legales” con chilenos, tanto de cónyuges como familiares, ya que muchos de estos migrantes ya tienen hijos nacidos en el país.
“Si un extranjero puede demostrar estos vínculos con chilenos o con otros extranjeros legales en Chile, por lo general la Justicia deja sin efecto las órdenes de expulsión”, informó la abogada.
Rojas, por su parte, subrayó que los esfuerzos del Gobierno deberían estar en que el país “pueda absorber de manera más amigable a la migración sin vulnerar derechos”, permitiendo su regularización y su acceso a educación, salud y seguridad social.
Una Cancillería “sin experiencia”
Rojas apuntó que países de signo político cercano como Perú o Ecuador ya rechazaron la intención de Kast de construir “corredores humanitarios” para expulsar migrantes debido a los costos de estos operativos y las dificultades para concretarlos. La falta de éxito en este tipo de gestiones evidencia, para la analista, que el canciller Francisco Pérez Mackenna tiene “mucha experiencia en la administración empresarial pero no en política exterior”.
Para Yopo, el Gobierno de Kast cometió errores al poner sobre la mesa la idea de este “corredor” sin contar con el acuerdo de los gobiernos vecinos. En esa línea, afirmó que “hay mucha improvisación en lo que se está haciendo en Cancillería, que ha formado un equipo muy débil, con mucha gente sin experiencia”.
“Aquí durante la campaña se hicieron ofertones de que se iba a expulsar a 300.000 migrantes, que se iban a hacer corredores humanitarios y la zanja en el norte. Y la verdad es que muy poco de esto se va a poder cumplir y va a provocar un costo político al actual gobierno”, sentenció el analista internacional.
Para Yopo, el Gobierno de Kast sufrirá el impacto de no poder cumplir este tipo de compromisos. “La gente se está empezando a dar cuenta de que una cosa son las promesas de campaña y otra es lo que efectivamente se puede hacer cuando se está gobernando”, resumió. Sputnik
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
Foto: Tomada de https://x.com/SubseInterior
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