El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó una iniciativa impulsada por el diputado panista Miguel Lechuga para establecer reglas claras en la cancelación, suspensión o modificación de rutas del transporte público, con el fin de proteger el derecho a la movilidad de los usuarios.
La reforma adiciona el artículo 69 Bis 1 a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial del estado, y obliga a que cualquier cambio en las rutas se realice con base en estudios técnicos, consulta ciudadana y garantías de continuidad del servicio.
La disposición aplica tanto para rutas del Sistema Estatal de Transporte Metropolitano como del Sistema Estatal de Transporte de Ruta Alimentadora, y establece que antes de cualquier modificación deberán cumplirse diversos requisitos.
Entre ellos, la elaboración de un dictamen técnico-operativo que evalúe el impacto en tiempos de espera, número de unidades y demanda de pasajeros, el cual deberá garantizar que no se afecte el servicio a los usuarios.
También se contempla la realización de una consulta ciudadana en las zonas afectadas, cuyos resultados tendrán carácter determinante para la autoridad, así como la obligación de asegurar la continuidad operativa, manteniendo frecuencias, cobertura y conectividad en las rutas.
Además, se deberá implementar de manera simultánea una ruta alternativa con condiciones equivalentes, la cual deberá ser informada públicamente con al menos 15 días de anticipación.
La reforma establece que cualquier modificación realizada sin cumplir estos lineamientos será considerada una afectación grave al derecho a la movilidad y podrá derivar en sanciones.
Durante la discusión, el legislador señaló que la iniciativa busca evitar decisiones unilaterales en materia de transporte y garantizar que los cambios respondan a criterios técnicos y a las necesidades de la población.
El dictamen fue aprobado por mayoría, con 21 votos a favor.
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