Tras los hechos violentos registrados en la Teotihuacán, el diputado federal Miguel Alonso Reyes expresó su solidaridad con las personas heridas y con la familia de la ciudadana canadiense que perdió la vida, al tiempo que advirtió sobre fallas en los protocolos de seguridad en sitios turísticos del país.
Acompañado por legisladores del PRI, encabezados por Rubén Moreira Valdez, el legislador señaló que lo ocurrido evidencia una deficiencia institucional en la vigilancia de espacios de alta afluencia, lo que representa un riesgo tanto para visitantes nacionales como extranjeros.
Durante una conferencia de prensa, Alonso Reyes afirmó que este tipo de hechos impacta negativamente la imagen internacional de México y exhibe la vulnerabilidad en la protección del patrimonio cultural. Recordó que, de acuerdo con cifras oficiales, la zona arqueológica recibió cerca de 1.8 millones de visitantes en 2025, más de 530 mil de ellos extranjeros.
En ese contexto, el también secretario de la Comisión de Turismo, a nombre del grupo parlamentario del PRI, exhortó al Gobierno Federal a fortalecer la coordinación entre dependencias como Seguridad Pública, Cultura, Turismo y la Guardia Nacional, junto con autoridades estatales y municipales, para garantizar condiciones de seguridad en estos espacios.
Asimismo, subrayó la necesidad de incrementar los recursos destinados a cultura, turismo y protección civil, además de mejorar las condiciones laborales del personal de vigilancia, quienes —dijo— enfrentan limitaciones operativas.
Por su parte, Rubén Moreira Valdez consideró que los hechos en Teotihuacán reflejan un problema estructural en materia de seguridad y prevención, al señalar la falta de protocolos efectivos, la reducción de recursos y la ausencia de estrategias para el control de armas.
El legislador advirtió que, a pocas semanas del Mundial de Futbol 2026, México debe garantizar condiciones de seguridad en sus principales destinos turísticos, ante el impacto que estos hechos pueden tener en la percepción internacional del país.
Finalmente, ambos legisladores coincidieron en la necesidad de impulsar políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia y la atención a la salud mental, como parte de una estrategia integral para evitar que hechos similares se repitan.
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