Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que, pese a reiterar públicamente que no se otorgarían nuevas licencias para casinos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador autorizó 20 permisos en el último año de su administración.
Las autorizaciones fueron concedidas el 1 de febrero de 2024 a la empresa Compañía Operadora Clíe, durante la gestión de Luisa María Alcalde al frente de la Secretaría de Gobernación. Cada permiso tiene una vigencia de 15 años, con posibilidad de prórroga, lo que extiende su operación potencial hasta 2039.
De acuerdo con la investigación, los permisos fueron emitidos en cumplimiento de resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa derivadas de un juicio contencioso. Sin embargo, contrastan con declaraciones previas del propio López Obrador, quien en marzo de 2023 aseguró que su gobierno no entregaría licencias para la apertura de nuevos casinos.
El reportaje también documenta vínculos empresariales relevantes. Uno de los principales socios de la compañía beneficiada, Nabor Castrejón Bailón, participa en otra firma del sector que ha operado con un permiso previamente utilizado por negocios asociados a la familia Bermúdez Requena, relacionada con el exfuncionario de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.
Ese permiso, otorgado en 2017, ha sido empleado para operar múltiples casinos físicos y plataformas de apuestas en línea en distintas entidades del país, lo que evidencia la reutilización de autorizaciones dentro de la industria.
La investigación también señala que los 20 permisos fueron firmados por Leonardo Manuel Figueroa Martínez, funcionario cercano a Luisa María Alcalde, quien ocupaba la Dirección General de Juegos y Sorteos en la Secretaría de Gobernación al momento de la autorización.
Además, se detalla que el mismo permiso ha sido utilizado por diversas empresas y casinos en estados como Michoacán, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, lo que muestra la amplia red de operación vinculada a estas licencias.
El hallazgo pone en entredicho la política pública anunciada por el gobierno federal en materia de juegos y sorteos, así como la congruencia entre el discurso oficial y las decisiones administrativas tomadas en el cierre del sexenio.
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