A un año de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, la violencia contra periodistas en México no solo persiste, sino que mantiene al país como uno de los entornos más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Así lo advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF), que documenta el asesinato de diez comunicadores desde octubre de 2024, una cifra que refleja la continuidad de una crisis estructural que ningún cambio de discurso ha logrado revertir.
Aunque el actual gobierno ha moderado el tono frente a los medios en comparación con administraciones anteriores, esa diferencia retórica no se ha traducido en resultados concretos. La violencia sigue marcando la pauta y la impunidad continúa siendo la constante. Nueve de los diez asesinatos registrados ocurrieron en apenas siete meses, lo que evidencia la gravedad y aceleración del problema.
Durante la campaña presidencial de 2024, Sheinbaum firmó un compromiso impulsado por RSF que contemplaba cinco ejes estratégicos y 22 acciones específicas para combatir la violencia contra la prensa. Sin embargo, a doce meses de haber asumido el poder, ninguna de estas medidas se ha implementado en su totalidad y apenas tres muestran avances parciales. El contraste entre lo prometido y lo realizado abre un cuestionamiento inevitable sobre la voluntad política del gobierno para enfrentar esta crisis.
La organización, encabezada en América Latina por Arturo Romeu, ha sido clara: el tiempo de los gestos terminó. México no solo encabeza las cifras de periodistas asesinados en la región durante 2025, sino que también arrastra un sistema de protección debilitado y una justicia que rara vez alcanza a los responsables.
Entre las acciones pendientes destacan el fortalecimiento del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el acceso de las familias a los expedientes judiciales y la reforma de leyes que permiten el uso abusivo de la difamación para silenciar voces críticas. En todos estos rubros, el avance ha sido mínimo o inexistente. Peor aún, el acoso judicial contra periodistas ha ido en aumento, configurando un entorno donde informar no solo es riesgoso, sino también castigado.
RSF ha emplazado al gobierno federal a asumir compromisos reales y sostenidos. Entre ellos, garantizar un presupuesto suficiente y permanente para la protección de periodistas en 2026, frenar el uso de herramientas legales como mecanismos de censura, atraer a nivel federal los casos más graves de asesinatos y desapariciones, y crear un sistema público de evaluación con participación de la sociedad civil y organismos internacionales.
La presidenta aún está a tiempo de corregir el rumbo. Pero cada día que pasa sin acciones concretas refuerza la percepción de que la violencia contra la prensa en México no es una prioridad. Y en un país donde informar puede costar la vida, la omisión también pesa.
Fuente: https://rsf.org/
Foto: eitmedia.mx-ChatGPT
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