El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para impedir que las autoridades puedan bloquear cuentas bancarias sin reglas claras ni control judicial, en un intento por reforzar la protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
La propuesta surge en medio de preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para congelar recursos económicos con base en sospechas que no siempre están plenamente sustentadas, lo que, según el legislador, pone en riesgo el acceso de las personas a su propio dinero y vulnera principios básicos del Estado de derecho.
Moreira Valdez advirtió que actualmente es posible que una cuenta sea bloqueada sin la autorización de un juez, bajo criterios poco definidos sobre lo que constituye un “indicio suficiente”. Además, señaló que en estos casos la misma autoridad puede concentrar funciones de investigación, decisión y ejecución, lo que abre la puerta a posibles abusos y deja en estado de indefensión a los ciudadanos.
El legislador subrayó que esta práctica puede afectar a personas que no han cometido delito alguno, lo que representaría una violación al principio de presunción de inocencia, al privarlas de sus recursos sin un proceso previo que garantice su derecho a defenderse.
Ante este escenario, la iniciativa plantea establecer reglas claras y obligatorias, entre ellas que sea un juez quien determine la procedencia del bloqueo de cuentas; que se definan de manera precisa las pruebas necesarias para sustentar la medida; que existan al menos dos elementos objetivos y verificables antes de proceder; y que se garantice el derecho de audiencia de los afectados.
El diputado insistió en que la propuesta no busca frenar el combate al crimen, sino asegurar que éste se realice conforme a la ley y sin vulnerar derechos fundamentales. En ese sentido, advirtió que las prácticas actuales podrían contravenir disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, la iniciativa pretende establecer un equilibrio entre la acción del Estado y la protección de los ciudadanos, con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias y garantizar que cualquier medida que afecte el patrimonio de las personas esté debidamente justificada y respaldada por un proceso judicial.
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