El Congreso del Estado aprobó en primera vuelta una reforma impulsada por el diputado panista Miguel Lechuga para obligar a inspectores municipales a portar cámaras corporales durante el desempeño de sus funciones, con el objetivo de evitar abusos, actos de corrupción y discrecionalidad en inspecciones.
La iniciativa, avalada durante la sesión ordinaria de este miércoles, contempla modificaciones a la Fracción VI del Artículo 227 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
Con esta reforma, los servidores públicos adscritos a áreas municipales de inspección y vigilancia deberán utilizar cámaras de videograbación corporales mientras realizan operativos o inspecciones, generando evidencia objetiva de cada procedimiento.
Además, se establece que las grabaciones podrán ser utilizadas como elemento probatorio dentro de procedimientos administrativos y que las personas inspeccionadas tendrán derecho a solicitar acceso al material, conforme a las disposiciones de transparencia y protección de datos personales.
El legislador aseguró que la propuesta responde al hartazgo ciudadano frente a presuntos abusos cometidos durante inspecciones municipales.
“Ésta es una propuesta que impulsé porque la gente está cansada de abusos y de que las inspecciones se presten a posibles actos de corrupción”, expresó.
Lechuga afirmó que actualmente muchos ciudadanos carecen de herramientas para defenderse ante cobros indebidos o procedimientos poco claros debido a la falta de evidencia sobre lo ocurrido durante una inspección.
“No podemos seguir permitiendo que haya funcionarios que, aprovechándose de su cargo, generen incertidumbre, cobros indebidos o procedimientos poco claros”, señaló.
El diputado destacó que el uso de cámaras corporales también brindará certeza jurídica a los propios inspectores que desempeñen correctamente su labor.
“Con esta reforma estamos poniendo orden: quien haga bien su trabajo no tiene nada que temer, y quien no, va a quedar evidenciado”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que la medida contribuirá a cerrar espacios para posibles actos de corrupción y fortalecerá la transparencia dentro de las administraciones municipales.
La iniciativa aún deberá ser aprobada en segunda vuelta para concretar su entrada en vigor en Nuevo León.
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