La presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, Lorena de la Garza, acusó que la mayor fuga en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey no es de agua, sino de recursos económicos, luego de aprobarse en comisión una reforma para exentar nuevamente al organismo del pago del llamado impuesto verde.
“La fuga en Agua y Drenaje no nada más es de agua, también es de dinero. Han saqueado Agua y Drenaje”, afirmó la legisladora tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Presupuesto de la LXXVII Legislatura.
La iniciativa fue presentada por los diputados Javier Caballero Gaona y Carlos Alberto de la Fuente Flores, y busca reformar la Ley de Hacienda del Estado para dejar claro que organismos públicos ya exentos de impuestos no deben pagar gravámenes ecológicos estatales.
De acuerdo con Lorena de la Garza, aunque la Ley que crea Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey establece desde hace años que el organismo está exento de impuestos estatales y municipales, el Gobierno estatal cobró de manera continua el impuesto verde desde 2022.
Según explicó, durante cuatro años Agua y Drenaje habría destinado alrededor de 4 mil millones de pesos al pago de este gravamen, recursos que salieron del organismo sin existir un fondo ambiental etiquetado específicamente para recibirlos.
“Este mecanismo que encontraron a través del pago del impuesto verde vino a ser un mecanismo por el cual están saqueando las finanzas de este organismo”, sostuvo.
La diputada aseguró que el impacto financiero terminó afectando directamente a los ciudadanos de Nuevo León, al señalar que actualmente el área metropolitana enfrenta tarifas elevadas, miles de fugas mensuales y problemas constantes de suministro.
“Son cuatro mil millones de pesos que deben mantenerse en las arcas de Agua y Drenaje para sus trabajos, y no un dinero que pase a la tesorería central para que de ahí manejen ese recurso a discreción”, declaró.
La reforma aprobada adiciona disposiciones a los artículos 125, 131 y 137 de la Ley de Hacienda estatal, estableciendo que organismos descentralizados o autónomos ya exentos por ley de impuestos federales o estatales tampoco estarán sujetos al pago de impuestos ecológicos.
Lorena de la Garza insistió en que la modificación no elimina el impuesto verde ni crea nuevos privilegios, sino que restituye una exención que, acusó, el Gobierno estatal ignoró durante los últimos cuatro años.
“Ha sido un golpe al bolsillo, pero también un mal servicio”, concluyó la legisladora.
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