Aunque el discurso oficial insiste en presumir avances y modernización, la realidad que enfrentan millones de mexicanos en las ciudades del país parece contar otra historia. La más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dejó al descubierto un escenario donde la insatisfacción con los servicios públicos crece, la corrupción continúa instalada en la vida diaria y la credibilidad de las instituciones políticas permanece prácticamente en ruinas.
Los resultados revelan que menos de la mitad de la población adulta que habita en zonas urbanas se siente satisfecha con los servicios públicos básicos y aquellos que se brindan bajo demanda. La cifra nacional cayó de 50 por ciento en 2023 a apenas 47.2 por ciento en 2025, reflejando un deterioro en la percepción ciudadana sobre la capacidad de las autoridades para resolver problemas elementales.
Mientras algunos estados lograron mejores evaluaciones, como Coahuila, Colima y Nayarit, entidades como Guerrero, Puebla y el Estado de México quedaron entre las peores calificadas, evidenciando profundas diferencias regionales en la calidad de vida y en la operación gubernamental.
Entre los servicios que generan mayor aceptación destaca la recolección de basura, mientras que rubros sensibles como calles, carreteras, alumbrado público y seguridad policial mantienen niveles alarmantemente bajos de satisfacción. De hecho, apenas poco más de una cuarta parte de la población dijo sentirse conforme con el desempeño policial y las vialidades sin cuota, una señal clara del abandono que perciben los ciudadanos en temas fundamentales.
La encuesta también exhibe cómo la digitalización avanza lentamente dentro de la burocracia mexicana. Aunque aumentó el número de personas que realizan trámites por internet, todavía más de la mitad de los usuarios sigue acudiendo físicamente a oficinas gubernamentales para resolver gestiones, enfrentando filas, tiempos de espera y procesos que continúan siendo lentos y desgastantes.
Pero el dato más demoledor vuelve a ser la corrupción. Más de ocho de cada diez personas consideran que estas prácticas son frecuentes en México, una cifra que confirma el profundo desgaste de confianza hacia las instituciones públicas. Peor aún, 15.6 por ciento de quienes tuvieron contacto con autoridades durante el año aseguraron haber sido víctimas directas de actos de corrupción al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios.
El impacto económico tampoco es menor. El Inegi estima que los costos derivados de la corrupción superaron los 17 mil millones de pesos durante 2025, con afectaciones directas para millones de ciudadanos que terminaron pagando sobornos o enfrentando irregularidades en procesos oficiales.
En cuanto a la confianza institucional, los partidos políticos aparecen nuevamente en el fondo del descrédito nacional. Apenas 23.9 por ciento de la población dijo confiar en ellos, colocándolos entre las instituciones peor evaluadas del país. Tampoco salieron bien libradas las cámaras legislativas ni las fiscalías estatales, que continúan arrastrando una severa crisis de credibilidad.
En contraste, las universidades públicas y las escuelas de nivel básico se mantienen entre las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía, junto con el círculo familiar, que sigue siendo el principal refugio de confianza para los mexicanos ante un entorno donde la percepción de corrupción y desconfianza hacia el poder parece cada vez más normalizada.
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Foto:INEGi
