La confrontación por las llamadas “pensiones doradas” escaló en la Cámara de Diputados luego de que legisladores del PAN acusaran a Morena y sus aliados de bloquear cualquier intento de modificar la reforma constitucional que fija topes salariales y limita las jubilaciones de trabajadores de confianza del sector público.
El diputado Federico Döring Casar aseguró que la mayoría oficialista rechazó discutir una iniciativa presentada por Acción Nacional para corregir los efectos de la reforma al artículo 127 constitucional, particularmente en lo relacionado con las pensiones de miles de extrabajadores de empresas del Estado.
Acompañado por legisladores panistas, priistas y representantes de agrupaciones de jubilados, Döring afirmó que Morena impidió incluso abrir el debate dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales y negó la participación de afectados que buscaban exponer las consecuencias de los cambios aprobados.
El legislador sostuvo que la bancada oficialista sí aceptó alterar artículos transitorios de la reforma judicial para aplazar la elección de jueces y magistrados, pero se negó a revisar disposiciones que, según denunció, afectan derechos adquiridos de pensionados de dependencias federales.
Desde la oposición calificaron la reforma como un “asalto legislativo” y adelantaron que continuarán impulsando reservas y modificaciones en el Pleno para intentar revertir los cambios.
Por su parte, el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres aseguró que las afectaciones alcanzan principalmente a exempleados de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, quienes, afirmó, dedicaron décadas de trabajo a las empresas productivas del Estado bajo esquemas de retiro previamente establecidos.
Según explicó, algunos jubilados han sufrido reducciones de entre 10 y hasta 70 por ciento en sus pensiones, situación que ha provocado inconformidad y movilizaciones en distintos puntos del país.
En el mismo sentido, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra advirtió que el problema no solo impacta a los pensionados, sino que representa un precedente peligroso para el Estado de derecho y las garantías constitucionales.
Desde el PRI, Mario Zamora Gastélum pidió dejar de lado las diferencias partidistas y analizar el tema desde una perspectiva social, al considerar que detrás del debate existen miles de familias afectadas.
Durante la conferencia también participaron integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados, organización conformada por extrabajadores de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro y Banobras. Uno de sus representantes, Antonio Vega, acusó que las reformas impulsadas por Morena vulneran derechos previamente establecidos y generan incertidumbre jurídica sobre el futuro de las pensiones.
El extrabajador sostuvo que el nuevo esquema ata los montos pensionarios al salario presidencial, lo que, afirmó, deja a miles de jubilados sujetos a decisiones políticas y no a los acuerdos laborales originalmente pactados.
Mientras Morena defiende la reforma como un mecanismo para frenar excesos salariales dentro del aparato gubernamental, la oposición y organizaciones de jubilados advierten que la disputa apenas comienza y que el tema podría convertirse en uno de los nuevos focos de confrontación política rumbo al próximo periodo extraordinario en San Lázaro.
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