La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, impulsa una reforma constitucional para castigar con inhabilitación permanente a funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado o con financiamiento ilícito en campañas políticas.
La propuesta, promovida desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, busca modificar el artículo 109 de la Constitución para impedir de por vida que servidores públicos relacionados con redes criminales puedan volver a ocupar cargos dentro de cualquier nivel de gobierno.
El dirigente priista aseguró que México no puede seguir tolerando la infiltración del narcotráfico en las estructuras políticas y sostuvo que quienes traicionen al país mediante acuerdos o complicidades con organizaciones criminales deben enfrentar consecuencias definitivas.
Alejandro Moreno afirmó que no hay espacio para “tibiezas” frente al avance del crimen organizado y sostuvo que la ciudadanía exige acciones más firmes para recuperar la seguridad y proteger a las familias mexicanas.
Desde la dirigencia nacional del tricolor se acusó además que existen personajes ligados a Morena señalados por presuntos nexos con estructuras criminales, particularmente en Sinaloa, donde han sido mencionados el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
La iniciativa fue presentada por el diputado federal Christian Castro Bello, quien propone establecer que cualquier funcionario coludido con la delincuencia organizada quede imposibilitado permanentemente para regresar al servicio público, ya sea mediante elección popular, nombramiento, designación o cualquier otro mecanismo legal.
El proyecto también contempla sancionar con la misma inhabilitación de por vida a quienes acepten dinero ilícito en campañas electorales o participen en esquemas de corrupción institucional.
La dirigencia priista sostuvo que el objetivo es blindar las instituciones públicas y garantizar que ningún funcionario con vínculos criminales pueda volver a tener acceso a posiciones de poder.
En su posicionamiento, el PRI aseguró que “los narcopolíticos no tienen lugar en México” y advirtió que continuará impulsando medidas legales para endurecer las consecuencias contra servidores públicos relacionados con actividades ilícitas o financiamiento ilegal.
Con información y foto: PRI
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