Diputados de Morena, PT y PVEM aprobaron en lo general la llamada “reforma de la reforma judicial”, en medio de fuertes críticas de la oposición, que acusó que no se corrigieron las fallas de origen del modelo de elección popular de jueces, ministros y magistrados, y además se incorporó el empalme de la revocación de mandato con elecciones de cargos ejecutivos y legislativos.
Con 342 votos a favor y 124 en contra, la mayoría legislativa avaló el proyecto impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el cual contempla, entre otros cambios, aplazar para 2028 la renovación de integrantes del Poder Judicial.
La reforma constitucional modifica los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 de la Constitución y establece que la siguiente elección judicial se realizará el primer domingo de junio de 2028, dejando atrás el calendario originalmente previsto para 2027.
Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron que la mayoría oficialista mantuviera intacto el esquema de elección popular de juzgadores, pese a las críticas técnicas, jurídicas y operativas que surgieron tras la aprobación de la reforma judicial publicada en septiembre de 2024.
El proyecto también incorpora nuevas disposiciones sobre la integración y funcionamiento de los Comités de Evaluación, ajustes al proceso de selección de aspirantes, reducción del número de candidaturas y mecanismos para blindar el voto y garantizar la paridad de género.
Además, se contemplan cambios relacionados con la organización territorial de las elecciones judiciales por circuito y especialidad, así como adecuaciones al marco geográfico electoral y la asignación distrital de candidaturas.
Entre otros puntos, la iniciativa plantea fortalecer la función jurisdiccional, crear nuevas secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y armonizar la elección de los poderes judiciales locales con el nuevo esquema federal.
Otro de los cambios que generó polémica fue la incorporación del empalme entre la consulta de revocación de mandato presidencial y las jornadas electorales federales o locales, medida que la oposición consideró un riesgo para la equidad y la polarización política del proceso electoral.
En la misma sesión extraordinaria, el Pleno avanzó también con una segunda reforma constitucional relacionada con nulidad de elecciones por intervención extranjera.
La propuesta, impulsada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 constitucional para establecer como causal de nulidad electoral la intervención de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros con intención de influir en las preferencias o resultados electorales en México.
El dictamen establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán armonizar sus leyes antes del 5 de junio de 2026, mientras que el Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales federales y estatales tendrán que adecuar sus disposiciones administrativas y operativas para garantizar la aplicación de las nuevas reglas.
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