La incorporación obligatoria de cámaras corporales en policías y sistemas tecnológicos de monitoreo en patrullas fue planteada por especialistas en materia penal y procuración de justicia como una herramienta clave para combatir abusos de autoridad, fortalecer la transparencia institucional y generar mayor confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Durante el foro “Máxima publicidad como garantía de derecho con enfoque en tecnología”, celebrado en la Cámara de Diputados y promovido por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández García, expertos coincidieron en que la tecnología puede convertirse en un aliado fundamental para documentar actuaciones policiales y ministeriales, reduciendo espacios de opacidad y previniendo violaciones a los derechos humanos.
El juez en retiro Daniel Venegas advirtió que las irregularidades en procesos de detención e investigación afectan tanto a personas imputadas como a víctimas, por lo que consideró indispensable avanzar hacia mecanismos que permitan verificar de manera objetiva el actuar de las autoridades.
Señaló que mientras persistan prácticas realizadas sin supervisión ni registro, continuarán presentándose abusos e inconsistencias dentro del sistema de procuración de justicia. En ese sentido, propuso que las corporaciones policiales cuenten con cámaras corporales y que las unidades oficiales operen con sistemas de geolocalización que permitan documentar cada intervención.
Por su parte, la jueza en retiro Magdalena Victoria Oliva consideró que la videograbación representa un avance importante, aunque advirtió que por sí sola no resolverá las deficiencias estructurales que enfrenta el sistema de justicia.
La especialista sostuvo que también es necesario fortalecer la profesionalización de ministerios públicos, investigadores y operadores jurídicos, además de impulsar esquemas de capacitación permanente que eleven la calidad institucional.
Durante el encuentro, Graciela Martínez, exagente del Ministerio Público, afirmó que uno de los principales retos consiste en eliminar los llamados “puntos ciegos institucionales”, es decir, aquellas etapas de los procedimientos donde no existe evidencia verificable de las actuaciones realizadas por las autoridades.
Explicó que la propuesta denominada “máxima publicidad 360” busca precisamente generar registros auditables en todas las fases de una investigación para garantizar legalidad, trazabilidad y rendición de cuentas.
En el mismo foro, Patricia Vázquez, especialista en temas académicos y de derechos humanos, puso especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes durante procedimientos de seguridad o investigación.
Consideró que la videograbación desde el primer contacto entre menores de edad y autoridades permitiría evitar manipulaciones, proteger sus testimonios y garantizar el respeto pleno de sus derechos durante todo el proceso.
Asimismo, planteó la necesidad de revisar y actualizar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales para fortalecer el valor probatorio de estos registros audiovisuales.
Finalmente, el abogado Paulo César Pérez Cuevas señaló que los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos ya contemplan mecanismos suficientes para proteger la dignidad de las personas y supervisar la legalidad de las detenciones, aunque reconoció que en muchos casos el desafío radica en su correcta aplicación.
Los participantes coincidieron en que la utilización de herramientas tecnológicas para documentar actuaciones policiales y ministeriales puede convertirse en un elemento decisivo para fortalecer la transparencia, prevenir abusos y consolidar un sistema de justicia más confiable para la ciudadanía.
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