El Partido Acción Nacional anunció la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional con el propósito de que se investiguen posibles responsabilidades individuales relacionadas con la estrategia de seguridad aplicada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como la presunta relación de autoridades con grupos del crimen organizado.
De acuerdo con el documento promovido por el partido, la violencia registrada en México durante los últimos años habría alcanzado dimensiones que ameritan la intervención de organismos internacionales. La denuncia refiere cifras de homicidios y desapariciones registradas en el país, además de señalar fenómenos como el reclutamiento forzado de jóvenes por organizaciones criminales, el desplazamiento de familias enteras y la pérdida de control institucional en diversas regiones.
Acción Nacional sostiene que el fortalecimiento de los grupos delictivos no fue consecuencia exclusiva de la dinámica criminal, sino que obedeció a una política que, a su juicio, permitió la expansión de estas organizaciones mediante una actuación permisiva del Estado. En ese contexto, el partido afirma que la estrategia federal de seguridad aplicada entre 2018 y 2024 favoreció el crecimiento territorial, económico y operativo de los cárteles.
La denuncia expone que en distintas entidades del país se registraron situaciones donde la presencia de organizaciones criminales se consolidó de manera significativa, generando condiciones que, según el PAN, limitaron la capacidad de las instituciones para garantizar la seguridad y el ejercicio pleno de la autoridad.
Asimismo, el instituto político menciona que en años recientes han surgido señalamientos públicos e investigaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y grupos delictivos en algunos estados de la República. Entre los nombres referidos en la denuncia se encuentran los gobernadores Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, casos que, según Acción Nacional, han alimentado las preocupaciones sobre una posible infiltración del crimen organizado en espacios de poder.
El partido argumentó que decidió acudir a la Corte Penal Internacional al considerar que las instancias nacionales enfrentan cada vez mayores dificultades para garantizar investigaciones independientes y exhaustivas sobre este tipo de hechos.
Finalmente, Acción Nacional aseguró que continuará impulsando acciones legales y denuncias públicas relacionadas con la violencia y la inseguridad en el país. El partido afirmó que buscará mantener vigentes las exigencias de justicia para las víctimas y sus familias, así como el esclarecimiento de posibles responsabilidades derivadas de la actuación de autoridades y organizaciones criminales.
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