Tras los resultados obtenidos en la jornada electoral del pasado 7 de junio en Coahuila, donde el PRI logró una contundente victoria, Morena elevó el tono de sus reclamos y anunció que emprenderá una estrategia legal para impugnar diversos hechos que, asegura, afectaron el desarrollo de los comicios.
A través de un posicionamiento conjunto, integrantes del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales del partido guinda manifestaron su rechazo a lo ocurrido durante la elección, al considerar que existieron acciones que comprometieron las condiciones de equidad y legalidad del proceso.
Entre los señalamientos destacan presuntos actos de intimidación, detenciones que califican como arbitrarias contra simpatizantes y militantes de Morena y del Partido del Trabajo, así como supuestos episodios de hostigamiento dirigidos a legisladoras federales vinculadas al movimiento.
La dirigencia morenista también denunció la presunta operación de mecanismos de compra de votos que identificó como “QRGate”, situación que, afirman, deberá ser investigada por las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades.
En el documento, consejeras y consejeros nacionales respaldaron la ruta jurídica impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional para presentar recursos ante instancias electorales y financieras, con el objetivo de defender lo que consideran la voluntad expresada en las urnas.
Morena sostuvo que no permitirá que prácticas que calificó como antidemocráticas se conviertan en una constante dentro de los procesos electorales del país y reiteró que buscará el esclarecimiento de los hechos denunciados mediante los cauces institucionales correspondientes.
Mientras tanto, los resultados de la elección mantienen al PRI como la fuerza política dominante en la entidad, en una contienda que continúa generando reacciones y posicionamientos entre las principales fuerzas partidistas del estado.
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