Ante el creciente uso de redes sociales, plataformas digitales y videojuegos como herramientas para enganchar a menores de edad con fines de explotación, la diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara, del PRI, presentó una iniciativa para fortalecer la legislación mexicana en materia de trata de personas.
La propuesta plantea modificar el artículo 42 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de considerar como modalidad agravada aquellos casos en los que la captación, traslado o reclutamiento de niñas, niños, adolescentes o personas que no puedan comprender plenamente el significado de los hechos se realice mediante tecnologías de la información.
De acuerdo con la legisladora, el fenómeno de la trata ha evolucionado y ya no se limita a espacios físicos como terminales de transporte, calles o centros de explotación. Actualmente, señaló, las organizaciones criminales aprovechan entornos digitales, perfiles falsos, aplicaciones de mensajería, redes sociales y videojuegos en línea para acercarse a potenciales víctimas y ejercer mecanismos de manipulación y control.
La iniciativa establece además que, en estos casos, los responsables no puedan acceder a beneficios de libertad anticipada ni a reclasificaciones del delito hacia figuras penales de menor gravedad cuando existan elementos que acrediten fines de explotación o reclutamiento criminal.
Rejón Lara sostuvo que la legislación vigente sanciona la trata de personas y contempla diversas agravantes; sin embargo, aún no reconoce de manera específica el uso de herramientas digitales como un factor que incremente la gravedad de la conducta, pese a que estas tecnologías permiten ampliar el alcance de los tratantes, facilitar el anonimato y multiplicar las posibilidades de control sobre las víctimas.
La diputada argumentó que la reforma permitirá adecuar el marco jurídico a las nuevas formas de operación de las redes criminales, fortalecer las investigaciones mediante una mejor preservación de evidencia digital y evitar que casos de alta gravedad sean fragmentados o procesados bajo delitos menores.
Asimismo, destacó que la protección de la infancia debe comenzar desde el momento en que una víctima es contactada y manipulada a través de medios digitales, y no únicamente cuando ya ha sido trasladada o sometida a explotación.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. Según la promovente, el propósito es cerrar vacíos legales que actualmente dificultan la correcta investigación y sanción del enganche digital de menores, una práctica que cada vez cobra mayor relevancia dentro de las estrategias de reclutamiento utilizadas por grupos delictivos.
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