Ulises Carlín de la Fuente actual encargado de Tesorería.
El Congreso de Nuevo León analizará posibles acciones legales ante la falta de nombramiento de un titular en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, cargo que permanece sin una designación formal desde la salida de Carlos Garza Ibarra a finales de 2025.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Itzel Castillo Almanza, informó que la Dirección Jurídica del Poder Legislativo revisará las vías legales disponibles para atender lo que consideró un incumplimiento a las disposiciones constitucionales por parte del Ejecutivo estatal.
La legisladora señaló que, tras la renuncia de Garza Ibarra, el gobernador Samuel García designó como encargado del despacho a Ulises Carlín de la Fuente, quien continúa desempeñando dichas funciones sin que exista una propuesta formal para ocupar la titularidad de la dependencia.
Castillo Almanza sostuvo que la Constitución local establece un procedimiento específico para el nombramiento del responsable de las finanzas estatales, el cual requiere la participación del Poder Legislativo.
“El Poder Ejecutivo del Estado sigue presionando a la autoridad pública a ajustarse a su pretensión de evadir el mandato constitucional de allegar una propuesta para ocupar el cargo de Secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado”, expresó.
La diputada añadió que el Congreso ha enfrentado en diversas ocasiones controversias jurídicas relacionadas con atribuciones constitucionales entre poderes, situación que, afirmó, ha derivado en retrasos para el ejercicio de sus facultades.
Ante este escenario, la Diputación Permanente aprobó instruir a la Dirección Jurídica para analizar la procedencia de promover controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, tanto en el ámbito local como federal.
Estas acciones podrían dirigirse contra actos u omisiones que, a juicio del Poder Legislativo, invadan competencias constitucionalmente conferidas al Congreso o a la Auditoría Superior del Estado.
La presidenta del Congreso explicó que el análisis legal buscará determinar las herramientas jurídicas más adecuadas para garantizar el respeto a las facultades legislativas en materia de nombramientos y fiscalización.
“Nosotros no podemos reconocer un nombramiento que no ha sido aprobado conforme lo establece la Constitución local del Estado de Nuevo León”, manifestó.
El caso será revisado por el área jurídica del Congreso, que deberá emitir una opinión sobre los mecanismos legales que podrían emprenderse para atender la situación y definir los pasos a seguir en defensa de las atribuciones del Poder Legislativo.
La controversia surge en medio de una serie de diferencias institucionales entre el Congreso local y el Gobierno estatal relacionadas con diversos nombramientos y procesos administrativos contemplados en la legislación de Nuevo León.
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