Ante los riesgos que enfrentan los operadores del sistema de justicia en México, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer la protección de las personas juzgadoras que conozcan asuntos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de alto impacto.
La propuesta busca modificar el artículo 94 de la Constitución para establecer mecanismos institucionales de seguridad dirigidos a jueces y magistrados que intervengan en procesos considerados de alto riesgo. Entre las medidas contempladas se encuentra la posibilidad de reservar temporalmente la identidad pública de las personas juzgadoras durante el desarrollo de determinados procedimientos judiciales, siempre bajo circunstancias excepcionales y debidamente justificadas.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, también prevé el uso de herramientas tecnológicas y protocolos especiales destinados a garantizar la integridad física, la independencia judicial y el adecuado desempeño de la función jurisdiccional.
De acuerdo con la legisladora, la delincuencia organizada representa uno de los principales desafíos para los sistemas de justicia contemporáneos debido a su capacidad operativa, económica y logística. En ese contexto, sostiene que diversos grupos criminales han desarrollado mecanismos de presión, intimidación y violencia dirigidos contra integrantes de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
El documento argumenta que dichas condiciones generan riesgos para el funcionamiento del sistema judicial, especialmente en aquellos asuntos donde las resoluciones pueden afectar intereses de organizaciones criminales con capacidad de represalia.
La propuesta señala que garantizar la seguridad de quienes imparten justicia es un requisito indispensable para preservar la autonomía e independencia del Poder Judicial. Asimismo, plantea que el Estado tiene la obligación de brindar condiciones que permitan a los juzgadores ejercer sus funciones sin amenazas o presiones externas.
La legisladora subraya que las medidas planteadas no pretenden limitar los derechos de las partes involucradas ni afectar el debido proceso, sino crear mecanismos que permitan a los juzgadores desempeñar su labor con mayores condiciones de seguridad frente a escenarios de alto riesgo.
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