El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, exigió al Gobierno federal otorgar de manera inmediata medidas de protección y seguridad a la diputada local sinaloense Paola Gárate Valenzuela y a su familia, luego de las amenazas e intimidaciones de las que ha sido víctima en las últimas semanas.
La petición surge después de que una corona fúnebre fuera enviada al domicilio de la legisladora, hecho que el también exgobernador de Coahuila calificó como una amenaza directa y un intento de generar miedo para silenciar las denuncias realizadas por la representante priista.
Moreira Valdez advirtió que Sinaloa enfrenta una profunda crisis de inseguridad derivada de la violencia y la presencia de grupos criminales, situación que mantiene a miles de familias bajo un clima permanente de incertidumbre y temor.
Ante ello, informó que solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitir un exhorto urgente al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, se implementen medidas de protección que garanticen la integridad física, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos políticos y constitucionales de la diputada y sus familiares.
Asimismo, demandó que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del caso para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
El líder parlamentario reconoció la firmeza con la que Paola Gárate ha denunciado públicamente la violencia que afecta a la sociedad sinaloense, así como la presunta intervención de grupos criminales en la vida política de la entidad y la falta de resultados de las autoridades frente a la creciente inseguridad.
“Una democracia no puede permitirse que las amenazas sustituyan al debate público ni que el miedo limite la representación popular. Quienes ejercen funciones legislativas deben hacerlo sin presiones, sin intimidaciones y sin poner en riesgo su integridad ni la de sus seres queridos”, sostuvo.
Moreira señaló que las amenazas contra una representante popular trascienden el ámbito personal y representan un ataque contra las instituciones democráticas.
“Las amenazas contra una legisladora son también amenazas contra la democracia, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a ser representados. No podemos normalizar la violencia ni permitir que el crimen intimide a quienes cumplen con su deber”, concluyó.
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