Con el objetivo de brindar protección y respaldo a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras un feminicidio, la diputada federal Anayeli Muñoz Moreno presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución y garantizarles un apoyo económico como un derecho.
La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, plantea que las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio reciban, de manera oportuna y sin discriminación, un apoyo económico destinado a cubrir sus necesidades básicas y garantizar la continuidad de su desarrollo integral.
La legisladora de Movimiento Ciudadano propone que el Estado mexicano, a través de los tres órdenes de gobierno, tenga la obligación de asegurar este derecho con perspectiva de género y bajo el principio del interés superior de la niñez.
Asimismo, la reforma contempla la creación de mecanismos de coordinación institucional que permitan facilitar el acceso al apoyo económico, además de otras medidas de protección, atención y reparación integral para quienes son considerados víctimas indirectas de este delito.
En la exposición de motivos, Muñoz Moreno señala que el feminicidio representa una de las expresiones más graves de la violencia de género y que sus consecuencias no terminan con la pérdida de la vida de la víctima, sino que alcanzan a sus familias, especialmente a sus hijas e hijos.
La diputada advierte que la muerte violenta de la madre pone en riesgo derechos fundamentales de la niñez, como el acceso a la alimentación, la salud, la educación, el cuidado y un desarrollo pleno, por lo que considera indispensable que el Estado intervenga de manera efectiva.
La iniciativa destaca que muchas veces, tras un feminicidio, la responsabilidad de criar a los menores recae en abuelos, tíos u otros familiares, quienes además del impacto emocional deben enfrentar una fuerte carga económica para garantizar su manutención y educación.
Sin un respaldo institucional, sostiene la legisladora, estas familias pueden enfrentar situaciones de endeudamiento, empobrecimiento y estrés que terminan afectando el bienestar y desarrollo de los menores.
Muñoz Moreno argumenta que establecer este apoyo económico como un derecho constitucional permitiría fortalecer la protección de las víctimas indirectas y reducir riesgos como la deserción escolar, el trabajo infantil, la explotación o nuevas formas de violencia.
Finalmente, la diputada subrayó que la reforma busca que el Estado no solo castigue el delito de feminicidio, sino que también asuma la responsabilidad de reparar, en la medida de lo posible, las consecuencias que este crimen deja en niñas, niños y adolescentes, garantizándoles condiciones para construir un proyecto de vida digno.
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