La diputada federal del PRI, Ana Isabel González González, presentó una iniciativa para expedir la Ley General para la Regulación y Uso Ético de la Inteligencia Artificial en los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer reglas claras para el desarrollo, implementación, operación y supervisión de esta tecnología bajo un enfoque de derechos humanos, seguridad, transparencia e innovación responsable.
La propuesta, suscrita junto con la también legisladora priista Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, busca que la nueva legislación sea aplicable a autoridades de los tres niveles de gobierno, empresas, desarrolladores, distribuidores y usuarios de sistemas de inteligencia artificial cuyos efectos impacten en territorio nacional.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial, un organismo público autónomo que tendría la responsabilidad de supervisar, verificar y, en su caso, sancionar el uso de esta tecnología en México.
Además, plantea establecer el Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial de Alto Riesgo, donde deberán inscribirse aquellos sistemas que, por sus características, puedan representar riesgos para los derechos fundamentales de las personas.
La iniciativa también contempla una serie de prohibiciones para evitar el uso indebido de la inteligencia artificial. Entre ellas se encuentra impedir que esta tecnología sea utilizada para suplantar identidades, fabricar declaraciones falsas con fines de fraude, violencia o daño, así como tomar decisiones laborales discriminatorias sin posibilidad de revisión humana.
De igual manera, propone prohibir cualquier sistema de inteligencia artificial destinado a la explotación o abuso de menores de edad, la generación o difusión de contenido sexual que involucre niñas, niños y adolescentes, así como cualquier aplicación que vulnere su integridad.
En materia de seguridad y derechos humanos, la propuesta considera como sistemas de alto riesgo aquellos utilizados en áreas como salud, diagnósticos médicos, educación, contratación y despido laboral, seguridad pública, vigilancia, administración de justicia, otorgamiento de créditos, seguros, vivienda, servicios públicos e identificación biométrica.
Asimismo, plantea prohibir el uso de inteligencia artificial para manipular conductas aprovechándose de personas vulnerables, implementar esquemas de vigilancia masiva sin sustento legal, establecer sistemas de “puntuación social” que afecten derechos de la población o cualquier otra aplicación cuyo objetivo sea vulnerar derechos humanos.
Como parte del nuevo marco legal, el Estado también impulsaría programas de investigación, innovación y capacitación en inteligencia artificial, promoviendo su desarrollo bajo criterios éticos y con beneficios sociales, además de exigir evaluaciones de impacto y mecanismos de transparencia en las adquisiciones gubernamentales relacionadas con esta tecnología.
La propuesta establece que las infracciones a la ley se clasificarían en leves, graves y muy graves, dependiendo del daño ocasionado, la intencionalidad, la reincidencia y el nivel de riesgo. Las sanciones podrían ir desde amonestaciones y multas hasta la suspensión temporal, clausura, retiro de sistemas, inhabilitación para operar plataformas de alto riesgo e incluso medidas de reparación.
En la exposición de motivos, las legisladoras advierten que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Señalan que aproximadamente una de cada seis personas en el mundo utiliza herramientas de inteligencia artificial generativa y que, de acuerdo con datos de la UNAM, el 66 por ciento de la población mexicana emplea algún tipo de herramienta basada en esta tecnología.
Sin embargo, consideran que su rápida expansión ha ocurrido sin un marco jurídico especializado, lo que incrementa riesgos relacionados con la privacidad, la transparencia, la protección de datos personales y la toma automatizada de decisiones que pueden afectar derechos fundamentales.
Por ello, sostienen que México requiere una legislación moderna que, además de brindar certeza jurídica a ciudadanos, empresas y autoridades, impulse el desarrollo responsable de la inteligencia artificial conforme a estándares nacionales e internacionales de ética, seguridad y respeto a los derechos humanos.
La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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