Por: Sergio Pintado
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, adelantó que atenderá el problema de la criminalidad en el país apelando a las Fuerzas Armadas y la construcción de cárceles. Expertos dijeron a Sputnik que el “modelo Bukele” puede no funcionar en Perú y que tendrá que evitar los excesos vistos durante la gestión de su padre en la década de 1990.
Los problemas de seguridad urbana serán el principal desafío a afrontar por la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, cuando asuma el poder el próximo 28 de julio. Es que, si bien el país aún está lejos de los índices de criminalidad de otros países de la región como Ecuador, Colombia o Brasil, sí ha experimentado un rápido incremento en las cifras de homicidios, extorsiones y atentados.
En efecto, el 2025 fue un año récord para la criminalidad en la nación sudamericana, totalizando 3.675 homicidios y alcanzando una tasa de 10,7 cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia. Además, el país superó las 26.000 denuncias por extorsión durante todo el año, un 18,9% más que el previo y casi 10.000 más que en 2022.
No es extraño que, en ese marco, el 73% de los peruanos considere que atender los problemas de seguridad debe ser la prioridad absoluta del Gobierno de Keiko Fujimori, según arroja una encuesta de la consultora Datum divulgada por el diario El Comercio. Consciente de la expectativa, la propia mandataria electa ya comenzó a hacer públicos algunos de sus lineamientos en la materia. Durante una entrevista con el medio colombiano Semana, afirmó que “lo primero es que tenemos que cuidar nuestras fronteras y ahí vamos a convocar a las Fuerzas Armadas a participar en la realización de rastrillajes y en buscar proactivamente a los delincuentes”.
Fujimori también manifestó su intención de “hacer modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal” y crear más juzgados de flagrancia debido a que “de cada 10.000 denuncias, solo cinco llegan a ser sentencias”.
Asimismo, ratificó que tiene previsto “la construcción de por lo menos cuatro cárceles grandes y una para los criminales más avezados y los más peligrosos”, a través de licitaciones internacionales y buscando el asesoramiento del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador o de Daniel Noboa en Ecuador.
El combate a la extorsión
En diálogo con Sputnik, el consultor e investigador peruano en materia de seguridad, Frank Casas, señaló que el mayor desafío que Fujimori encontrará al asumir la Presidencia estará en las extorsiones, una figura delictiva “asociada no tanto a grandes estructuras como el narcotráfico o la minería ilegal”, sino a pequeños grupos que buscan “corromper y presionar a pequeños sectores informales”.
En ese sentido, afirmó que la alta informalidad de la economía peruana ha facilitado que en los últimos años grupos criminales busquen utilizar en su favor la ausencia estatal para exigir pagos a pequeños comerciantes y transportistas a cambio de no cometer homicidios o atentados contra ellos. Estas dinámicas, mayormente presentes en la zona metropolitana de Lima, no requieren “grandes bandas criminales”, sino que se sustentan en “pequeños sujetos bastante precarios” que, de todas maneras, alcanzan cierto nivel de organización y acceso a armas de fuego.
Casas recordó que las Fuerzas Armadas de Perú ya han intervenido en operativos de control de fronteras, operativos contra la minería ilegal y en la lucha contra el terrorismo que caracterizó la década de 1990 en el país sudamericano. Sin embargo, no ha habido experiencias que se “sostengan en el tiempo” de participación de militares como apoyo a la Policía contra criminales comunes.
Así, el experto advirtió que Fujimori deberá afrontar el diseño de “un marco legal específico” que garantice que la participación militar en el combate al delito sea efectiva y no tenga, solamente, un uso político.
“La lógica de la mano dura termina siendo un discurso muy utilizado para demostrar una supuesta fuerza o dureza para combatir a los delincuentes, pero en realidad lo que le ha faltado a Perú en estos años es una estrategia y un conocimiento claro de qué se quiere enfrentar”, explicó Casas.
El consultor subrayó que la apelación a una respuesta más firme no debería “maquillar la ausencia de capacidad del Estado para responder frente a un delito muy complejo y dinámico que no se puede resolver en el corto plazo”.
Un marco legal para evitar excesos
También consultado por este medio, el analista político y experto en seguridad, Martín Manco, sostuvo que, con sus apelaciones a las Fuerzas Armadas y a la construcción de megacárceles, Fujimori apunta a “una copia de lo que en su momento ha hecho el presidente Bukele en El Salvador” con el combate a las maras que controlaban el delito en el país centroamericano.
Manco reconoció que muchos peruanos se muestran esperanzados en el modelo salvadoreño porque “quieren vivir en paz y que se apliquen los métodos necesarios para poner fin a esta situación tan convulsionada”. Sin embargo, insistió en que “El Salvador y Perú son dos realidades diferentes” y, tanto por la cantidad de habitantes, tamaño del territorio y características de los grupos criminales, es posible que no funcione de la misma manera. Para el experto, es posible que un modelo de combate al crimen mal diseñado pueda favorecer excesos de efectivos militares y policiales, algo que podría incluso vincularse con los aspectos más oscuros del combate al terrorismo que, durante la década de 1990, emprendió el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la mandataria entrante.
En sintonía con Casas, Manco consideró necesario que haya un marco legal claro que estipule los límites de la acción militar en zonas urbanas del país y en un enfrentamiento con grupos con lógicas diferentes al terrorismo de tres décadas atrás.
“Tiene que haber una norma para amparar también las acciones que puedan ejercer las Fuerzas Armadas, sobre todo dentro de las zonas urbanas, para evitar excesos o denuncias contra estos efectivos”, sintetizó.
Casas, por su parte, agregó que Perú tiene un historial de excesos en las fuerzas del orden que ha derivado en que muchas personas hayan recibido prisión injustamente. “El gran desafío es cómo se equilibra esa necesidad de una represión más efectiva y eficiente, pero garantizando derechos mínimos para las personas”, apuntó. Sputnik
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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