La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León retomó las mesas de trabajo para construir la reforma judicial local, en un proceso que busca incorporar las propuestas de cámaras empresariales, universidades, colegios y barras de abogados, así como organizaciones de la sociedad civil.
El presidente de la Comisión, diputado Tomás Montoya Díaz, señaló que las aportaciones recibidas serán sistematizadas y clasificadas para posteriormente iniciar el trabajo técnico previo a la elaboración del dictamen.
Durante el encuentro, uno de los principales puntos de coincidencia fue la necesidad de establecer filtros que permitan garantizar que quienes lleguen a integrar el Poder Judicial cuenten con la preparación, capacidad e integridad necesarias.
Montoya Díaz explicó que el siguiente paso será determinar los alcances que la reforma federal permite a los congresos estatales y definir qué propuestas pueden incorporarse a la reforma constitucional y cuáles deberán trasladarse a modificaciones de leyes secundarias.
El legislador informó que aún está pendiente una mesa de trabajo con integrantes del Poder Judicial, entre ellos magistrados, jueces y miembros del Consejo de la Judicatura.
Asimismo, dejó abierta la posibilidad de realizar nuevos encuentros con otros sectores conforme avance el análisis de la reforma.
Respecto a los tiempos legislativos, Montoya Díaz consideró viable avanzar durante el periodo ordinario que comenzará el próximo 1 de septiembre, aunque reconoció que será indispensable alcanzar acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que integran el Congreso.
“Tenemos una Legislatura muy plural, es la más plural del país; la conformación de las distintas fuerzas políticas así lo confirma. Todos tenemos responsabilidad en la aprobación de esta reforma judicial para encontrar los consensos necesarios”, afirmó.
El presidente de Puntos Constitucionales manifestó que percibe disposición de los grupos parlamentarios para avanzar y confió en que el diálogo permita construir una propuesta que responda a las necesidades de Nuevo León.
De concretarse durante el próximo periodo ordinario, explicó, habría tiempo para posteriormente adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la legislación electoral y otros ordenamientos necesarios para poner en marcha el nuevo modelo.
La reforma judicial local entra así en una etapa de análisis y negociación, con el reto de traducir las propuestas de los distintos sectores en un dictamen que logre los consensos necesarios dentro del Congreso estatal.
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