La captura del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no sólo representa uno de los golpes judiciales más relevantes contra un personaje histórico del Partido Acción Nacional (PAN), sino que volvió a polarizar el escenario político nacional. Mientras la Fiscalía General de la República lo señala por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles, organizaciones de oposición acusan que el caso forma parte de una persecución política impulsada desde el Gobierno federal.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplimentaron este jueves una orden de aprehensión en Ensenada, Baja California, luego de que la Fiscalía General de la República obtuviera un mandato judicial por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocidos como huachicol fiscal.
De acuerdo con la versión presentada por la Fiscalía, las investigaciones permitieron identificar una presunta red dedicada a introducir combustible de manera ilegal al país mediante una empresa fundada por el exmandatario estatal, motivo por el cual un juez autorizó la captura.
La dependencia sostuvo que se trata de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones de contrabando de combustibles y aseguró que existen elementos suficientes para llevar el caso ante los tribunales, donde corresponderá a un juez determinar la situación jurídica del exgobernador.
La detención adquiere una dimensión política por tratarse del hombre que en 1989 rompió más de seis décadas de hegemonía del PRI al convertirse en el primer gobernador de oposición reconocido en la historia contemporánea del país, hecho que marcó el inicio de la transición democrática y abrió el camino para la alternancia presidencial del año 2000.
Sin embargo, la acusación federal también generó una inmediata reacción de sus aliados político.
Oposición sale en defensa de Ruffo
La organización Somos México, de la cual Ernesto Ruffo forma parte como consejero consultivo, calificó la detención como “arbitraria e ilegal” y exigió su liberación inmediata.
En un posicionamiento difundido tras la captura, la agrupación aseguró que el exgobernador había explicado desde meses atrás el funcionamiento de la empresa con la que ahora se le relaciona y sostuvo que ésta opera con permisos expedidos por autoridades federales como la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía.
Según la organización, la empresa únicamente realiza trámites aduanales para terceros y corresponde a las autoridades federales verificar el tipo de combustible que ingresa al país, por lo que rechazó que Ruffo Appel tenga participación en una red de contrabando.
El pronunciamiento también elevó el tono político al acusar que la Fiscalía General de la República pretende desviar la atención de otros casos de presunta corrupción y de investigaciones que involucran a funcionarios vinculados con Morena.
Asimismo, sostuvo que la captura ocurre en medio de otros escándalos políticos que afectan al Gobierno federal, por lo que consideró que el proceso judicial tiene motivaciones políticas más que jurídicas.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha respondido a esos señalamientos y mantiene que la investigación está sustentada en pruebas obtenidas durante las indagatorias sobre el presunto esquema de huachicol fiscal.
Mientras el caso avanza hacia los tribunales, será un juez quien determine si los elementos presentados por la FGR son suficientes para iniciar un proceso penal contra Ernesto Ruffo Appel. Entre tanto, la detención ya abrió un nuevo episodio de confrontación entre el Gobierno federal y la oposición, que anticipa una disputa tanto en el terreno judicial como en el político.
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