Perla Villarreal advierte que los retrasos ya afectan programas de alimentación, salud, rehabilitación y atención a personas en situación de vulnerabilidad
Los recursos destinados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Nuevo León siguen sin llegar en su totalidad, una situación que ya comienza a poner en riesgo programas de atención para personas y familias en condición de vulnerabilidad.
Ante esta problemática, la Diputación Permanente del Congreso local aprobó un exhorto al Gobierno estatal para que agilice la liberación de los recursos pendientes y establezca un mecanismo que permita regularizar los pagos.
La propuesta fue presentada por Perla Villarreal Valdez, coordinadora del Grupo Legislativo del PRD, quien advirtió desde tribuna que los retrasos no representan únicamente un problema administrativo, sino una afectación directa para quienes dependen de los servicios proporcionados por estas organizaciones.
De acuerdo con la información pública citada por la legisladora, los adeudos con las OSC ascienden a 317.5 millones de pesos. De ese monto, aproximadamente 88.5 millones corresponden al ejercicio fiscal 2025, mientras que otros 229 millones están relacionados con el ejercicio 2026.
La falta de estos recursos, señaló Villarreal Valdez, ya ha obligado a algunas organizaciones a reducir personal, cancelar proyectos y enfrentar el riesgo de suspender actividades.
El impacto puede alcanzar programas que proporcionan alimentación, atención médica, rehabilitación, terapias, asistencia a personas con discapacidad, apoyo a migrantes y servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes, además de acciones relacionadas con reinserción social.
La legisladora sostuvo que las organizaciones realizan una labor que complementa la atención de sectores que requieren apoyo permanente y que cualquier retraso en los recursos termina repercutiendo en los beneficiarios.
“Cuando un recurso que ya fue contemplado, autorizado o comprometido no llega a tiempo, las consecuencias terminan afectando precisamente a quienes menos posibilidades tienen de absorberlas”, señaló.
Por ello, el exhorto plantea que el Gobierno estatal informe al Congreso si cuenta con un plan para ponerse al corriente con los pagos.
En caso de no existir, la petición contempla la elaboración y entrega de un programa de regularización que especifique los montos pendientes, las razones de los retrasos, las fechas previstas para cada entrega, las mesas de seguimiento y un calendario para la liberación de los recursos.
También se busca establecer medidas que permitan evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
Villarreal Valdez planteó además revisar de manera integral la Ley de Fomento a la Sociedad Civil Organizada, con el propósito de fortalecer los mecanismos que permitan a estas instituciones acceder oportunamente a los recursos que les corresponden.
El debate pone nuevamente sobre la mesa la relación entre el Gobierno estatal y las organizaciones que atienden directamente a sectores vulnerables.
Para las OSC, la falta de recursos no solamente representa problemas de operación o de flujo financiero. En muchos casos significa reducir servicios, limitar la atención o dejar en espera a personas que dependen de ellos.
El Congreso local pidió que el Gobierno estatal tome medidas para destrabar los recursos y dar certeza a las organizaciones sobre cuándo podrán disponer de los recursos pendientes.
La exigencia ahora queda sobre la cancha del Ejecutivo estatal: transparentar qué está provocando los retrasos, definir cuándo se pagará lo pendiente y garantizar que los programas de atención social no terminen pagando las consecuencias de una demora administrativa.
eitmedia.mx
