La FGR mantiene abierta una de las investigaciones más amplias contra una presunta red de contrabando de combustibles; suman 25 órdenes de aprehensión y el caso ya llegó al Altiplano.
La ofensiva de la Fiscalía General de la República (FGR) contra las redes de huachicol fiscal continúa avanzando y este viernes alcanzó uno de sus episodios más relevantes con la presentación del exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, ante una jueza de control del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal del Altiplano. El exmandatario enfrenta una investigación por su presunta relación con una organización dedicada al tráfico ilegal de combustibles que habría operado mediante una compleja estructura empresarial.
La audiencia judicial comenzó durante la tarde, aunque fue suspendida temporalmente por determinación de la autoridad jurisdiccional para continuar horas más tarde. Debido a que el imputado permanece bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el desarrollo de la diligencia se realiza mediante videoconferencia, mientras el Ministerio Público Federal expone los elementos con los que pretende sustentar la imputación.
La investigación federal tomó fuerza tras el aseguramiento de 33 ferrotanques cargados con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, operativo considerado por las autoridades como uno de los golpes más importantes contra el contrabando de combustibles en los últimos años. A partir de ese decomiso, la FGR reconstruyó una red de empresas, operadores y presuntos prestanombres que habrían participado en el ingreso y comercialización irregular de hidrocarburos para evadir impuestos y controles aduaneros.
Dentro de las líneas de investigación aparecen la empresa Ingemar y diversas sociedades mercantiles relacionadas con actividades portuarias. En el expediente también figuran empresarios como José Merino Valdés Cuervo y Ricardo Thompson Ramírez, este último detenido junto con el exgobernador durante el operativo realizado en Ensenada. Asimismo, la indagatoria incluye referencias al exgobernador Ernesto Ruffo Appel como parte de la integración de la carpeta de investigación, sin que ello implique una determinación judicial sobre su responsabilidad.
La dimensión del caso quedó evidenciada con la obtención de 25 órdenes de aprehensión libradas por un juez federal contra empresarios, agentes aduanales y exfuncionarios presuntamente vinculados con la estructura investigada. Conforme avance el proceso, la autoridad judicial deberá determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los imputados, en un expediente que podría convertirse en uno de los casos más relevantes del combate federal contra el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles en México.
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