La disciplina sin ley
Ciudad de México, agosto de 2026. El ataúd blanco de Dafne Zapata Quintos, de apenas trece años, descendió a la tierra tamaulipeca un jueves de julio. Su madre, Guadalupe Quintos, gritó frente a las cámaras de Latinus. Mi hija murió torturada, de una manera espantosa. Nadie me dijo nada. Nadie me llamó a tiempo. La voz se le quebró. El país entero la escuchó.
Cuatro días bastaron. Cuatro días dentro de un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Dafne ingresó el 13 de julio con la ilusión de un curso de tres semanas. No volvió a casa.
¿Dónde estaba la SEP cuando mi hija sufría?, preguntó Guadalupe ante los micrófonos de El Universal. ¿Dónde estaban los inspectores? ¿Dónde estaba el secretario Mario Delgado?”
La respuesta llegó tarde. Llegó después del féretro.
El despertar tardío del secretario. Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, apareció en la conferencia matutina del 27 de julio. Su declaración, recogida por Excélsior y Latinus, fue contundente en apariencia.
No está autorizada por la ley ningún tipo de educación de tipo militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades.
Entonces, la pregunta obligada. Si nunca estuvo autorizada, ¿cómo operaron más de sesenta planteles en dieciséis estados durante años, décadas incluso, bajo la mirada de las autoridades educativas?
“Eso es lo indignante”, declaró a El Universal la senadora Imelda Castro, promotora de una reforma para regular estos centros. “Esas escuelas operan con un decreto de hace ochenta años. No tienen facultades para organizar campamentos de verano ni para autorizar salvajadas como las novatadas”.
Voces desde la trinchera familiar. En Puebla, la escena se repitió con otro matiz. Padres de familia, maestros y exalumnos de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza bloquearon la calle donde se ubica el plantel. No protestaban contra la escuela, protestaban contra su clausura.
“Mis dos hijos estudiaron aquí y salieron derechos, disciplinados”, afirmó doña Patricia Hernández, madre de familia poblana, ante las cámaras de Latinus. “El gobierno no puede cerrar todo por un caso. Nosotros elegimos esta educación para nuestros hijos”.
A su lado, don Raúl Mendoza, padre de un alumno de preparatoria, alzó la voz: “Nadie nos preguntó. Nadie nos consultó. Simplemente decidieron por nosotros. ¿Eso es democracia?”
Del otro lado del debate, la Unión Nacional de Padres de Familia pidió mesura. Su vocero, Leonardo García Camarena, declaró a Excélsior: “No debe haber cacería de brujas. Hay planteles serios, con trayectoria. Pero también hay otros sin ningún control. La SEP debe distinguir entre unos y otros”.
El limbo jurídico: ni legales ni ilegales. El problema de fondo, según especialistas consultados por El Universal, radica en un vacío normativo deliberado. Las escuelas militarizadas privadas obtuvieron durante años Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de las secretarías estatales. Operaban a plena luz. Cobraban colegiaturas. Desfilaban en fiestas patrias. Aparecían en directorios oficiales. “El secretario Delgado dice ahora con toda tranquilidad: ‘esa figura no existe en la ley'”, señaló el investigador educativo Manuel Gil Antón en entrevista con Latinus. “Pero si no existe, ¿quién les dio permiso? ¿Quién firmó esos RVOE? La ceguera institucional resulta conveniente cuando se necesita un culpable externo”.
La contradicción es brutal. Durante el sexenio anterior y el inicio del actual, la militarización del espacio público avanzó sin freno. Guardia Nacional, aeropuertos, aduanas, trenes. El Ejército se expandió a terrenos civiles con el aval presidencial. Pero en el ámbito educativo, la palabra “militar” se convirtió de pronto en anatema.
“Hay un contubernio evidente”, afirmó la activista por los derechos de la infancia, Nashieli Ramírez, en declaraciones recogidas por Excélsior. “Durante años, las autoridades cobraron por esos permisos, supervisaron esos planteles y callaron. Ahora fingen sorpresa. Eso no es ignorancia; es complicidad”.
Tres muertos, un mismo patrón. Dafne no fue la primera. Zamir Pinto, de dieciséis años, y Erick Terán, de trece, también perdieron la vida en academias militarizadas. El patrón se repite. Castigos extremos, ejercicios físicos brutales, ausencia de supervisión médica, personal sin certificación pedagógica.
“Mi hijo iba a tocar la trompeta en la banda de guerra”, relató a El Universal la madre de Erick Terán. “Solo eso. Tocar la trompeta. Y me lo devolvieron en una caja”.
El silencio oficial ante esos casos previos resulta ensordecedor. Ninguna alerta se emitió. Ninguna inspección extraordinaria se ordenó. La maquinaria burocrática siguió girando hasta el estallido mediático del caso Dafne.
La respuesta: ¿solución o simulación? El 29 de julio, la SEP emitió un oficio dirigido a todas las secretarías estatales: ninguna institución podrá operar bajo denominaciones “militarizada”, “militar” o “castrense” para el ciclo escolar 2026-2027. Se ordenó revisar todos los RVOE. Se anunció la clausura de treinta y tres planteles en dieciséis estados.
Pero el 6 de agosto, el tono cambió. Delgado anunció una “ruta de regularización”: las escuelas podrían continuar si eliminaban toda referencia militar y ajustaban sus planes a la Nueva Escuela Mexicana.
“Primero dicen cierre total, luego dicen regularización”, observó con ironía el columnista de Excélsior, Pascal Beltrán del Río. “¿En cuál versión debemos creer? La improvisación resulta evidente”.
Para los padres de Dafne, la medida llega con el peso insoportable de lo tardío. “Pueden cerrar todas las escuelas del mundo”, dijo Guadalupe Quintos a Latinus. “A mi hija no me la devuelven. Pero al menos exijo saber: ¿por cuántos años el gobierno supo y no hizo nada?”
El fondo del asunto. La crónica de las escuelas militarizadas en México revela algo más profundo- un sistema educativo donde la supervisión es ficción, donde los permisos se otorgan sin verificación real, donde la tragedia funciona como único detonante de política pública.
Mario Delgado, el mismo funcionario encargado de la transformación educativa del país, admitió sin rubor ante la prensa nacional: “En México no puede existir el concepto de escuelas militarizadas, porque esa figura no está contemplada en la legislación”.
Pero existieron. Operaron. Cobraron. Y mataron.
La ceguera o el contubernio del titular de Educación no se mide en declaraciones de prensa. Se mide en ataúdes blancos. En algún salón de Ciudad Madero, todavía cuelga un uniforme verde olivo del perchero. Ya no hay alumno para vestirlo. Ya no hay ley para justificarlo. Solo queda el eco de una madre preguntando al vacío institucional: “¿Por cuántos años supieron y callaron?” México, agosto de 2026, aún espera la respuesta.
