San Salvador.- La empresa Minera Panamá, subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM), anunció este viernes que solicitó al Gobierno istmeño autorización para terminar el contrato a más de 4.000 trabajadores del proyecto Cobre Panamá, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional la concesión otorgada por el Ejecutivo.
“Cobre Panamá se ha visto obligada a solicitar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) la autorización para la terminación de contratos de más de 4.000 colaboradores por causas justificadas de carácter económico”, expuso la compañía minera a través de un comunicado.
La empresa informó que este viernes recibió comunicación formal por parte del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), en la cual se le instruye a finalizar operaciones para la extracción de cobre en la mina de Donoso, provincia de Colón (norte), la mayor a cielo abierto en Centroamérica.
El Ejecutivo panameño procedió a tomar la medida después que el 28 de noviembre el pleno de la CSJ declaró inconstitucional la Ley 406, que adoptó el contrato entre el Estado y Cobre Panamá, para la explotación cuprífera.
La empresa aclaró que la solicitud de despedido formulada al Mitradel tiene lugar de manera paralela al programa de retiro voluntario presentado por la empresa el 3 de diciembre al sindicato Unión de Trabajadores de Minera Panamá.
La nota precisa que en ambos casos las prestaciones recibidas por los trabajadores son las mismas e incluye el pago del dinero que legalmente se les adeuda.
“La única diferencia es que el trámite administrativo ante el Mitradel puede tardar hasta dos meses en ser resuelto”, explicó la compañía minera.
El comunicado resalta la necesidad de mantener algunos de los puestos de trabajo a fin de tomar las medidas y previsiones razonables para mantener la seguridad de las instalaciones y evitar pérdidas o daños ambientales en el entorno de la zona minera.
La empresa extractora alega que siempre ha respetado las leyes panameñas y que, ante el actual contexto, se ha visto obligada a tomar decisiones difíciles en contra de sus planes de progreso y crecimiento para su fuerza laboral.
La aprobación y firma de la Ley 406, el 20 de octubre, provocó un movimiento de protesta por organizaciones sociales, ambientalistas y sindicales que se extendió durante más de un mes y dejó un saldo de cuatro personas muertas y cientos de detenidos.
