Nuevo León podría convertirse en una de las entidades con las sanciones más severas del país contra el maltrato y abuso animal. El Gobierno del Estado presentó ante el Congreso local un paquete de reformas que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes provoquen la muerte de un animal mediante actos de abuso, además de la creación de un registro público de personas sentenciadas por este tipo de delitos.
Las iniciativas fueron promovidas por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, quien acudió al Poder Legislativo acompañado por la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, así como por los activistas Arturo Islas Allende, Alexs Ventura y José Alberto Velázquez, conocido como “La Ranita de Nogales”.
La propuesta busca modificar el Código Penal del Estado para fortalecer las sanciones existentes e incorporar nuevas figuras jurídicas. Entre ellas destaca la creación del delito de abuso animal, que castigaría las conductas cometidas con dolo, crueldad extrema, brutalidad o aquellas que provoquen un sufrimiento prolongado a los animales.
Asimismo, por primera vez se plantea sancionar penalmente el abandono de animales, al considerarlo una conducta que también representa una forma de violencia y que actualmente no recibe el castigo suficiente.
De aprobarse las reformas, las penas por maltrato o crueldad animal aumentarían de uno a tres años de prisión; cuando estas acciones provoquen la muerte del animal, la sanción alcanzaría hasta cinco años. En los casos de abuso animal cometido con dolo, las condenas irían de dos a ocho años de cárcel, mientras que si ese abuso ocasiona la muerte del animal, la pena podría llegar hasta los 12 años de prisión. Además, abandonar a un animal sería castigado con seis meses a dos años de cárcel.
Durante la presentación de las iniciativas, Miguel Ángel Flores sostuvo que el objetivo es enviar un mensaje claro de cero tolerancia hacia la violencia contra los animales y fortalecer las acciones preventivas para evitar que este tipo de conductas escalen hacia otros delitos.
Como parte del paquete legislativo también se propone crear el Registro Estatal de Maltratadores y Agresores Animales (REMAA), un padrón público que concentrará la información de las personas que hayan sido sentenciadas por delitos relacionados con el maltrato o abuso animal, con el propósito de prevenir la reincidencia y facilitar el seguimiento de estos casos.
El activista Arturo Islas Allende respaldó la iniciativa y consideró que uno de sus principales alcances será combatir la impunidad en los casos de abandono, una problemática que, aseguró, continúa siendo recurrente en distintas entidades del país.
Las reformas serán analizadas por las comisiones correspondientes del Congreso del Estado, donde iniciará el proceso legislativo para determinar su viabilidad y, en su caso, su aprobación.
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