Buenos Aires.- Argentina concretó la expulsión de 920 extranjeros a lo largo del año pasado, lo que equivale al 19,2 por ciento de los requerimientos de deportación solicitados por Migraciones en ese período, con un total de 4.787 solicitudes, informó a la Agencia Sputnik la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref).
“Según los datos que surgen de la respuesta que nos dio Migraciones a un pedido de información, durante 2025 se materializaron 920 expulsiones por distintos motivos”, puntualizó la directora ejecutiva de dicha entidad, Gabriela Liguori.
La actual gestión concretó casi una de cada cinco solicitudes de expulsión tramitadas el año pasado por Migraciones, organismo que pasó a depender del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad en noviembre de 2025.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció sin embargo en junio que el Gobierno argentino había expulsado 14.000 extranjeros en los últimos seis meses, una cifra llamativa, a juicio de la titular de la Caref, una organización de la sociedad civil que desde el año 1973 trabaja en las temáticas de asilo y migración.
“Claramente, cuando se con más detenimiento, se observa que en ese número se incluye no solo personas expulsadas, sino también personas extraditadas y personas que por distintos motivos fueron rechazadas en la frontera”, aclaró.
De hecho, las negativas de ingreso en frontera son la principal razón por la que un extranjero puede verse privado de entrar en el país.
” A veces es porque no tienen documentación habilitante, otras veces es porque sí: Migraciones puede decretar que alguien es un falso turista, una categoría que existe como tal, ante personas que no tienen pasaje de regreso o no pueden demostrar dinero suficiente”, abundó.
Los rechazos de ingreso al país por ser falso turista pasaron de representar el 8 por ciento de todos los rechazos tramitados en 2023 a elevarse al 41 por ciento en 2025.
“Esa categoría se ha ido incrementando de manera muy importante: pasamos de 11.500 personas rechazadas en frontera en 2022 a 17.700 en 2025, y el principal motivo que se alegra es el de falso turista, que tiene mucho de discrecional, porque no a todos le piden lo mismo”, remarcó la directora de la Caref.
Al desestimar la cifra de 14.000 expulsiones que cuantificó la ministra de Seguridad, Liguori observó que “no todas las personas incluidas en ese número deben haber sido personas expulsadas, porque de haber sido así habríamos pasado de 920 a 14.000 y eso es un crecimiento exponencial que no tiene explicación”.
RESTRICCIONES VIGENTES
En la expulsión de un extranjero entran en juego diversas situaciones que hay que contemplar, a partir de un contexto más restrictivo para el migrante que generó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente, Javier Milei, promulgado el 29 de mayo de 2025.
Aquel decreto presidencial modificó la Ley de Migraciones N° 25.871, promulgada en 2004, que ha sido reconocida internacionalmente por reconocer la igualdad de derechos entre personas nacionales y extranjeras sobre la base del trato igualitario y la no discriminación.
La nueva norma endurece los requisitos de permanencia y amplía las condiciones de deportación, e impide el ingreso al país de cualquier extranjero que haya cometido delitos, además de autorizar a que residentes transitorios y temporales paguen por los servicios de salud.
El decreto de Milei también endurece los requisitos para quienes soliciten la nacionalidad o la residencia permanente, para cuya obtención se establece como condición que el demandante permanezca en el país de manera continuada durante dos años, sin poder salir de Argentina en ese lapso de tiempo.
“Esto nos demuestra que la política migratoria ha acelerado sus pasos hacia una lógica regresiva y restrictiva, y así se está implementando en las modificaciones de la normativa y en la práctica”, sostuvo la titular de la Caref.
El Gobierno, entre tanto, recurre a una “espectacularización de esas restricciones para ganar apoyo en la opinión pública, en un uso político de las políticas migratorias que es lo que más nos preocupa, por el daño que además genera en las personas y en las familias”, añadió Liguori.
Más de 150 organizaciones argentinas, entre instituciones académicas y de investigación, centros vinculados a universidades, entidades de derechos humanos y redes relacionadas con migrantes, denunciaron el carácter xenófobo del DNU 366 por considerar que restringe derechos garantizados por la Constitución.
En los últimos meses, el Gobierno se amparó en ese decreto para reclamar solvencia económica a quienes quieren renovar su residencia temporaria, cuando la norma establece que sólo se requiere este requisito para la permanente.
A lo largo de su historia, Argentina ha sido un país abierto a la inmigración y ha impulsado políticas migratorias tendientes a favorecer el ingreso de extranjeros, tanto europeos como sudamericanos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. (Sputnik)
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