La iniciativa busca modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que ningún menor, mexicano o extranjero, sea privado de la libertad por razones migratorias.
Ciudad de México.– Ninguna niña, niño o adolescente, sin importar su nacionalidad o condición migratoria, debería ser privado de la libertad por motivos relacionados con su situación migratoria. Bajo esa premisa, la diputada de Morena, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, presentó una iniciativa para modificar la legislación federal y establecer esta prohibición de manera expresa.
La propuesta plantea incorporar el artículo 94 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de obligar a las autoridades migratorias a activar de inmediato los mecanismos de protección correspondientes cuando detecten a una persona menor de edad en situación migratoria.
De acuerdo con la iniciativa, las autoridades deberán notificar inmediatamente a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y canalizar a los menores al Sistema Nacional DIF o a los sistemas estatales o municipales, dependiendo de cada caso.
El planteamiento también establece que niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad deberán permanecer en espacios seguros y adecuados para su edad, pero nunca en estaciones migratorias, estancias provisionales, centros de detención o instalaciones destinadas al aseguramiento de personas migrantes.
La propuesta contempla además que, sin importar su nacionalidad o situación migratoria, los menores tengan acceso a alimentación, atención médica, educación, apoyo psicológico y asesoría jurídica.
Cuando exista una barrera lingüística, las autoridades también tendrían que garantizar servicios de traducción o interpretación. A ello se sumarían la representación legal y las medidas de protección especial que requiera cada caso.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que la atención no se limite a una respuesta generalizada. Las Procuradurías de Protección tendrían que determinar individualmente las medidas de asistencia, protección y restitución de derechos, considerando factores como la edad, el nivel de madurez, la situación familiar, si el menor viaja acompañado o separado, sus necesidades específicas y su propia opinión.
El interés superior de la niñez y la unidad familiar también serían criterios fundamentales, incluyendo la reunificación familiar cuando ésta sea viable y conveniente para el menor.
La diputada advierte que quienes forman parte de los flujos migratorios enfrentan condiciones particularmente vulnerables durante el tránsito, la permanencia en territorio nacional, el retorno o los procesos para solicitar protección internacional.
Entre los riesgos identificados se encuentran la separación familiar, trata de personas, violencia, discriminación, reclutamiento por organizaciones delictivas y dificultades para acceder a servicios básicos o contar con representación jurídica.
Como parte de los argumentos para respaldar su propuesta, Domínguez Serna cita cifras sobre el crecimiento de la movilidad irregular de menores en México. Señala que durante el primer trimestre de 2024 fueron registradas 360 mil 146 personas en situación migratoria irregular, de las cuales alrededor de 32 por ciento correspondía a niñas, niños y adolescentes.
También refiere datos del Consejo Nacional de Población que contabilizaron 13 mil 600 presentaciones de menores en situación migratoria irregular ante el Instituto Nacional de Migración durante 2023, cifra que habría aumentado a 50 mil 546 durante 2024.
La legisladora sostiene que la detención migratoria de menores ha sido cuestionada por organismos internacionales, instituciones nacionales, tribunales y organizaciones civiles debido a las consecuencias que puede tener sobre su desarrollo.
La exposición de motivos advierte que incluso periodos relativamente cortos de privación de la libertad pueden generar consecuencias emocionales y psicológicas, entre ellas ansiedad, depresión, estrés postraumático, aislamiento y pérdida de confianza en las instituciones.
El planteamiento de Morena parte de una premisa jurídica central: la condición migratoria irregular no constituye un delito, sino una situación de carácter administrativo.
Por ello, la iniciativa busca que la respuesta del Estado deje de centrarse en el aseguramiento y privilegie un modelo de protección integral, derechos humanos, perspectiva de infancia, unidad familiar e interés superior de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, donde deberá iniciar su proceso legislativo antes de que pueda avanzar hacia las siguientes etapas de discusión.
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