El ministro habló en Monterrey sobre los retos que enfrenta actualmente la Suprema Corte, la vigilancia ciudadana al Poder Judicial y la necesidad de recuperar el sentido social de la Constitución de 1917.
Frente a más de un centenar de asistentes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Irving Espinosa Betanzo, planteó en Monterrey la necesidad de fortalecer una visión social de la justicia y generar una ciudadanía más crítica frente a la aplicación de la legalidad en México.
Durante la conferencia “Una Visión Social de la Justicia”, realizada en la Casa de Saberes Jurídicos de Monterrey, el ministro abordó el momento que atraviesa actualmente el máximo tribunal del país, así como los retos que implica recuperar la confianza social en las instituciones encargadas de impartir justicia.
El encuentro fue organizado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Sección Nuevo León, y reunió a integrantes de la organización, abogados y público interesado en el funcionamiento del sistema de justicia.
En el evento estuvieron el director de la Casa de los Saberes Jurídicos en Monterrey, Erik Isaí Ferrer Solalinde; el presidente nacional de la ANAD, José Alberto López Damián; el presidente de la Sección Nuevo León, Ernesto Villarreal Landeros, además de Rigoberto Dávila Salinas y Raúl Islas Hernández.
Al comenzar su participación, Espinosa Betanzo recordó el respaldo que recibió en Nuevo León durante el proceso de elección judicial y destacó la importancia de regresar a los lugares donde obtuvo el apoyo ciudadano.
El ministro también se refirió al escrutinio que actualmente existe sobre la Suprema Corte y consideró positivo que la sociedad y los actores políticos mantengan una vigilancia sobre el desempeño del máximo tribunal.
Lejos de cuestionar esa supervisión, sostuvo que el Poder Judicial debe estar abierto a ella y planteó que una dinámica similar debería existir respecto de otros órganos del Estado, particularmente el Poder Legislativo.
Para Espinosa Betanzo, la vigilancia institucional puede contribuir a generar una ciudadanía con mayor capacidad para cuestionar y analizar la manera en que se aplica la ley. En ese sentido, destacó la importancia de impulsar una “conciencia crítica de la legalidad” en México.
Uno de los ejes de su exposición fue la Constitución de 1917 y el carácter social que, desde su perspectiva, distingue al texto constitucional mexicano.
El ministro consideró necesario recuperar ese componente social como una referencia para entender la función de la justicia y evitar que la aplicación de la ley se aleje de las necesidades de la sociedad.
También habló sobre la austeridad dentro de la Suprema Corte y puso como ejemplo algunas prácticas que, aseguró, existían anteriormente al interior del máximo tribunal.
Entre ellas mencionó que cada ministro podía disponer de numerosos teléfonos celulares destinados a su equipo y de recursos importantes para gastos de telefonía. Espinosa Betanzo afirmó que optó por devolver esos equipos como parte de una política de mayor austeridad en el ejercicio de los recursos públicos.
El funcionario también cuestionó la falta de sensibilidad social que, a su consideración, mostraron algunos integrantes anteriores del Poder Judicial al abordar asuntos relacionados con los derechos laborales, pese a formar parte de una institución pública.
Su planteamiento giró así en torno a una justicia que, además de apegarse a las normas jurídicas, tenga presente las condiciones sociales de las personas a quienes están dirigidas las decisiones de los tribunales.
La conferencia permitió colocar sobre la mesa el debate sobre el papel que debe desempeñar actualmente la Suprema Corte, particularmente en un escenario en el que el Poder Judicial se encuentra bajo una mayor observación pública.
Ante los asistentes, Espinosa Betanzo sostuvo que ese momento debe ser entendido también como una oportunidad para revisar el funcionamiento de las instituciones, fortalecer la participación ciudadana y avanzar hacia una concepción de la justicia más cercana a las necesidades sociales.
El encuentro concluyó con un llamado a mantener abierta la discusión sobre el papel de la legalidad, las instituciones y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas en la construcción de una justicia con mayor conciencia social.
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