Ciudad de México.- La investigación sobre el llamado huachicol fiscal dejó de ser únicamente un expediente judicial para convertirse en un nuevo campo de batalla política. Mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las indagatorias por una presunta red de importación ilegal de combustibles, Morena ha optado por colocar el origen del problema en la reforma energética aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, desplazando el debate hacia decisiones tomadas hace más de una década.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que el esquema de evasión fiscal relacionado con la importación de hidrocarburos comenzó a gestarse a partir de la reforma energética de 2013, al considerar que los cambios legales de aquella época facilitaron la operación de mecanismos utilizados para introducir combustibles al país sin cubrir las contribuciones correspondientes.
El señalamiento representa un cambio en el énfasis del discurso oficial sobre este tema. Durante años, Morena responsabilizó principalmente al sexenio de Felipe Calderón por buena parte de los problemas relacionados con la seguridad y el fortalecimiento de la delincuencia organizada. Ahora, en el caso del huachicol fiscal, el foco político se dirige hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto y las modificaciones constitucionales que abrieron el sector energético a la inversión privada.
Las declaraciones de Montiel también surgieron como respuesta a las críticas de actores de la oposición que cuestionan la forma en que el Gobierno federal ha conducido las investigaciones.
El expresidente Vicente Fox salió en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al considerar que existe una persecución política en su contra, mientras que la senadora Kenia López Rabadán sostuvo que el panista no debe ser presentado como responsable de una red cuya dimensión aún continúa bajo investigación.
Desde Morena, la respuesta fue inmediata. Ariadna Montiel rechazó los señalamientos de persecución política y sostuvo que “la ley no se negocia”, insistiendo en que las investigaciones deben seguir su curso y que nadie debe quedar fuera de la acción de la justicia por su trayectoria política.
Sin embargo, el intercambio de acusaciones también abrió un debate sobre el alcance de las investigaciones. Hasta ahora, el caso de mayor relevancia pública es el del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, cuya situación jurídica continúa en proceso y sobre la cual aún no existe una resolución definitiva. Será la autoridad judicial la que determine, con base en las pruebas presentadas, si existen responsabilidades penales.
Mientras tanto, voces de la oposición sostienen que el problema del huachicol fiscal no puede atribuirse exclusivamente a una reforma aprobada en 2013. Argumentan que las redes de contrabando y evasión fiscal continuaron operando durante los años posteriores, por lo que consideran indispensable esclarecer también qué ocurrió durante las administraciones más recientes, identificar posibles omisiones institucionales y determinar quiénes se beneficiaron de estas operaciones.
Especialistas en materia energética coinciden en que la reforma de 2013 modificó profundamente el modelo de importación y comercialización de combustibles, pero advierten que el fenómeno del huachicol fiscal responde a múltiples factores, entre ellos la corrupción administrativa, las deficiencias en los controles aduaneros, la evasión tributaria y la participación de organizaciones criminales.
El verdadero desafío para las autoridades no será únicamente señalar dónde pudo originarse el huachicol fiscal, sino demostrar con pruebas quiénes integraron esa red, quiénes obtuvieron beneficios económicos, durante qué gobiernos operó y por qué logró mantenerse vigente durante tantos años.
La exigencia ciudadana no distingue colores partidistas: si hubo responsables, deberán responder ante la justicia, sin importar el cargo que ocuparon, el partido al que pertenecieron o el sexenio en el que actuaron. Porque, al final, más que una disputa sobre el pasado, lo que está en juego es la credibilidad de las investigaciones y la capacidad del Estado para demostrar que la ley se aplica por igual a todos.
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