Mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sostiene que el proyecto busca fortalecer los derechos de las audiencias sin afectar la libertad de expresión, la CIRT advierte que el documento contiene definiciones ambiguas que podrían abrir la puerta a una mayor intervención gubernamental sobre los contenidos de radio y televisión.
Ciudad de México.- La regulación de los medios de comunicación volvió a colocarse en el centro del debate nacional. El proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, sometido a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ha provocado un abierto desacuerdo entre la autoridad y la industria de la radio y la televisión, que advierte posibles riesgos para la libertad editorial y la autonomía de los medios.
La consulta pública, abierta desde el pasado 27 de julio y vigente hasta el próximo 21 de agosto, permitirá que ciudadanos, especialistas, universidades, organizaciones civiles y concesionarios presenten observaciones sobre el documento antes de que sea aprobado en su versión definitiva.
Aunque la autoridad sostiene que el proyecto únicamente desarrolla mecanismos para hacer efectivos derechos ya contemplados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) considera que varios de sus apartados requieren mayor precisión para evitar interpretaciones que puedan afectar la libertad de expresión.
Frente a las críticas, la presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Norma Solano, rechazó de manera categórica que el proyecto represente un mecanismo de censura.
“No hay censura, eso es categórico. La libertad de expresión se respeta y se armoniza con el derecho de las personas previsto en nuestra Constitución”, afirmó la funcionaria al responder a los cuestionamientos formulados por la industria.
Explicó que el proyecto no crea nuevos derechos para las audiencias, sino que desarrolla procedimientos para garantizar los ya establecidos por la legislación vigente, entre ellos el derecho a recibir información claramente diferenciada de la publicidad, contenidos libres de discriminación y mecanismos para presentar inconformidades.
Asimismo, precisó que los códigos de ética y los criterios editoriales continuarán siendo responsabilidad exclusiva de cada concesionario de radio y televisión, mientras que la figura del defensor de las audiencias únicamente fungirá como intermediaria entre los medios y el público mediante recomendaciones cuando existan inconformidades.
La presidenta de la CRT añadió que sólo en caso de incumplimiento reiterado de dichas recomendaciones podrían iniciarse procedimientos administrativos previstos por la ley.
Sin embargo, estas explicaciones no disiparon las preocupaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
En un comunicado, el organismo —que agrupa a más de mil 200 estaciones de radio y televisión en el país— reconoció la importancia de fortalecer los derechos de las audiencias, pero advirtió que diversos conceptos incluidos en el proyecto son ambiguos y podrían prestarse a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.
Uno de los puntos que más preocupa a la CIRT es la definición de “información falsa” o “información descontextualizada”, ya que considera que, con la redacción actual, el Gobierno podría terminar determinando qué contenidos cumplen o no con los lineamientos, debilitando los mecanismos de autorregulación que históricamente han operado en los medios de comunicación.
“Entendemos que la posición de la CRT no es una de censurar; sin embargo, existen temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, deberían corregirse o definirse con mayor precisión”, señaló el organismo.
La Cámara también expresó su preocupación por la creación de un recurso de inconformidad que permitiría a la autoridad revisar las resoluciones emitidas por los defensores de las audiencias, una figura que, desde la perspectiva de la industria, debe conservar independencia respecto del Gobierno.
Otro de los temas que genera inquietud son las sanciones económicas contempladas en el proyecto.
La CIRT sostiene que las multas podrían alcanzar hasta el uno por ciento de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador, una medida que considera desproporcionada frente a la legislación vigente, la cual actualmente contempla sanciones principalmente por no designar un defensor de las audiencias o incumplir con la emisión de códigos de ética.
Para la industria, cualquier regulación debe garantizar la protección de las audiencias sin afectar la libertad editorial, el ejercicio periodístico ni el derecho de los ciudadanos a decidir libremente qué contenidos desean consumir.
El debate también revive la discusión generada tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo que reguló el sector durante más de una década y que fue sustituido en octubre de 2025 por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ahora adscrita al Ejecutivo Federal.
Mientras la CRT insiste en que los nuevos lineamientos buscan fortalecer los derechos de las audiencias sin intervenir en los contenidos periodísticos, los concesionarios consideran indispensable que el documento sea revisado cuidadosamente durante la consulta pública para eliminar cualquier disposición que pueda interpretarse como una herramienta de control sobre la actividad editorial.
Las observaciones que se reciban hasta el próximo 21 de agosto serán analizadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones antes de emitir la versión definitiva de los lineamientos, en un proceso que será seguido de cerca tanto por la industria como por organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
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