Por: Juan Lehmann
La informalidad laboral en suelo argentino alcanzó su nivel más alto en años, y el trabajo por aplicaciones creció al calor de esa precarización.
Sputnik recorrió una jornada con tres repartidores: ingresos que no llegan a la canasta básica, deudas crecientes y un algoritmo opaco.
En el Parque Rivadavia, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, el viento de una tarde de invierno arrastra bolsas de nylon entre los puestos de los feriantes que rodean la plaza. Leila apoya la bicicleta contra un árbol y abre el cierre de su mochila de trabajo. Repasa, como todos los días antes de salir a la calle, el mismo inventario mínimo con el que enfrenta varias horas de reparto a la intemperie.
Adentro hay un plátano, una botella de agua, una funda de plástico para el celular por si llueve, un abrigo. Cada objeto lo compró ella misma, con lo que le queda del reparto. Es una escena que se repite, según estimaciones sindicales, en la vida de más de un millón de personas que trabajan en Argentina para alguna app de delivery.
“La empresa no se hace cargo de nada de esto”, dice ante el micrófono de Sputnik.
Leila tiene 37 años y trabaja para una plataforma de comida desde 2021, cuando la pandemia la sacó del call center que la empleaba. Antes de salir a la calle, da clases en una escuela; el reparto llega después, de jueves a domingo, hasta la medianoche. “Entre 10 y 12 horas arriba de la bicicleta, seis o siete días a la semana”, resume.
A su lado, Ezequiel asiente con la cabeza y se acomoda el casco bajo el brazo. También da clases y reparte, aunque en moto y con menos horas semanales. Los dos coinciden en algo que se repite entre los de su gremio, quienes cruzan la plaza esa tarde fría: casi nadie vive únicamente del reparto. La aplicación funciona, para una porción importante de los trabajadores, como una segunda o hasta tercera fuente de ingresos.
Pedalear para no llegar
Ezequiel calcula que reúne unos 150.000 pesos por semana (unos 100 dólares, a tipo de cambio oficial), antes de descontar la gasolina y los repuestos de moto que se rompen con la frecuencia que impone la calle. Leila, con más horas encima, llega a entre 1.200.000 y 1.300.000 pesos por mes (entre 800 y 850 dólares). Ambas cifras quedan por debajo de la línea de pobreza para una familia, que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ubicó en junio en 1.500.000 pesos (1.000 dólares).
Un estudio de la Fundación Encuentro estimó que un repartidor necesita completar entre 454 y 800 pedidos mensuales solo para cubrir sus gastos básicos.
“Hay veces que sales con la bicicleta, con el celular, con la mochila, y no cae ningún pedido durante horas”, dice Leila. Esos tiempos muertos entre pedidos, agrega, son horas de trabajo sobre la bicicleta que no generan ingreso alguno. “Hay un primer grupo que pierde su empleo y sale a repartir porque es lo más inmediato que tiene a mano: si tienes una bicicleta y un celular, no hay intermediarios ni restricciones para el ingreso”, explica a Sputnik Luis Campos, especialista en el mercado laboral e investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos.
“Pero hay otro grupo, incluso más numeroso según algunos estudios, que ya tiene un trabajo formal y usa la plataforma para complementar un ingreso que perdió poder de compra”, agrega el experto. El propio INDEC registró una caída real de los salarios privados del 4,8% desde 2023, una cifra que se eleva hasta el 16% en el caso de los empleados públicos.
La complejidad salarial tiene un correlato financiero. Un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reveló que la deuda promedio de los repartidores con las plataformas —que ofrecen créditos para reparar bicicletas o motos rotas por el uso diario— registró un crecimiento del 122% en el último año. “Un trabajador informal que sufre un accidente no tiene ningún tipo de red que lo sostenga: eso se empieza a cubrir accediendo a préstamos”, explica Campos.
El algoritmo no rinde cuentas
Belén también trabaja para una aplicación desde 2021 y, como Leila y Ezequiel, combina el reparto con otro empleo para cerrar el mes. Se sienta en un banco de cemento frío y saca el teléfono para mostrar, en la pantalla, el resumen semanal que le envía la aplicación con el detalle completo de cada pedido entregado recientemente.
“Nosotros contabilizamos los kilómetros que efectivamente recorremos, y muchas veces, no se corresponden con lo que la aplicación dice que nos paga”, cuenta. Es una percepción extendida entre los repartidores: las plataformas no transparentan cómo calculan cada pago, ni cómo se distribuyen exactamente las propinas que dejan los clientes.
“Por eso insistimos en que nos den las propinas en la mano, que es la única manera que tenemos de tener algún control”, dice Belén. Campos ve en ese reclamo algo más que una queja puntual: para él, retrata un problema “que atraviesa buena parte de la estructura actual del mercado de empleo argentino, mucho más allá del sector específico del reparto por aplicación”. Las experiencias vertidas en cada testimonio se inscriben en un escenario de creciente precarización laboral: en Argentina, la informalidad saltó al 44,2% durante el primer trimestre de 2026, el nivel más alto de los últimos años. En los últimos tres años, desde 2023, se destruyeron 339.841 puestos de trabajo registrados, mientras que la informalidad absorbió a más de 400.000 personas.
Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba confirma este patrón dentro del sector de plataformas: tres de cada cuatro trabajadores combinan el reparto con otra actividad. Solo uno de cada diez se identifica con la figura de “emprendedor” que suelen promover las aplicaciones en su publicidad. El 40%, en cambio, reconoce abiertamente un vínculo de subordinación con la empresa, oculto legalmente.
Organizarse desde cero
Leila, Ezequiel y Belén no se conocieron esa tarde en el Parque Rivadavia. Belén es fundadora y secretaria general del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), nacido en plena pandemia con intenciones reales de apoyo mutuo en la puerta de los locales de comida rápida de la ciudad; Leila coordina el área de acción social, y, Ezequiel, la de juventud.
“El sindicato consiste en sumar compañeros y compañeras con su afiliación, y en sostener nuestras paradas solidarias en las puertas de los locales, donde hasta el día de hoy no tenemos ni un lugar para lavarnos las manos o para ir al baño”, explica Belén.
Hoy el gremio agrupa, según sus propios cálculos internos, a más de 3.000 afiliados en distintos puntos delterritorio argentino. “Queremos el reconocimiento de la relación laboral, porque somos trabajadores, no colaboradores”, dice Belén, y agrega que esa es, todavía, la principal batalla pendiente frente a las plataformas y a sus abogados.
Dicha puja libra en este momento una disputa judicial concreta. La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó este año una multa de 16 millones de pesos (cerca de 10.745 dólares) contra una de las apps de comida y ratificó que sus repartidores deben considerarse trabajadores en relación de dependencia. La empresa había apelado, alegando que el vínculo “no presenta las características de relación laboral”.
El Gobierno nacional avanzó, en cambio, en la dirección opuesta a ese fallo. La Ley de Modernización Laboral, sancionada a inicios de este año, creó la figura del “prestador independiente” para los trabajadores de plataformas, por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, y promete transparencia sobre los criterios que usa el algoritmo para calcular cada pago. Aquel capítulo de la norma estuvo suspendido durante semanas por orden de un juzgado laboral, a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), hasta que una cámara de apelaciones revirtió la medida y le devolvió plena vigencia a la ley. Su constitucionalidad, sin embargo, todavía se discute en los tribunales, sin que por ahora haya fecha de resolución a la vista.
“La disputa sobre si necesitamos derechos laborales ya está saldada entre los repartidores. El desafío de hoy es construir lazos sólidos que nos permitan organizarnos de verdad entre todos, más allá de cada aplicación puntual”, dice Leila, mientras guarda sus cosas en la mochila para volver a subirse a la bicicleta y seguir con lo que queda de la jornada.
Campos compara el proceso argentino con lo ocurrido en España, donde el movimiento Riders X Derechos surgió entre repartidores de Barcelona y terminó empujando una ley que reconoce la relación laboral en el sector. “Es un sector donde la patronal tiene políticas antisindicales muy fuertes, y es muy difícil de organizar”, dice el investigador.
Antes de despedirse, a Ezequiel le suena el celular: apareció un pedido a once cuadras de ahí, con una calificación de cuatro estrellas. Se guarda el casco bajo el brazo, se despide con la mano y vuelve a subirse a la moto. El algoritmo, mientras tanto, ya empezó a contar el tiempo exacto que tiene para entregarlo sin demoras. Sputnik
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
Foto: Tomada de https://x.com/pedidosya
eitmedia.mx
