Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el viernes el cierre de las mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica que permanecían activos dentro de la política de Paz Total impulsada por el anterior Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026).
“Con estas resoluciones se da fin automático y definitivo a esas mesas de diálogo y a esas conversaciones con estructuras narcoterroristas”, afirmó De la Espriella en un video publicado en la red social X.
El mandatario aseguró que el nuevo enfoque de su administración será el sometimiento a la justicia y explicó que las decisiones serán comunicadas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que se reactiven las medidas judiciales correspondientes.
Las resoluciones ejecutivas 365 y 369, expedidas el 3 de septiembre, pusieron fin respectivamente a la mesa con Comuneros del Sur, una facción separada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que mantenía negociaciones directas con el Estado desde 2024, y al espacio de conversación sociojurídica con estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá.
La decisión también retiró el reconocimiento de negociadores y representantes vinculados a esos procesos, entre ellos Ángela María Robledo y Gabriel Yepes Mejía, alias HH, en el caso de Comuneros del Sur, así como Isabel Zuleta López en el espacio relacionado con las organizaciones criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
“Estas decisiones se van a comunicar al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que se reactiven contra todos estos delincuentes las respectivas órdenes de captura, por supuesto, las extradiciones que las vamos a acelerar y demás situaciones jurídicas a las que haya lugar”, sostuvo.
Las medidas se suman a nueve actos administrativos expedidos el 28 de agosto con los que el Gobierno puso fin a los procesos con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), disidencia de las FARC dirigida por alias Calarcá; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), de la que hacen parte los Comandos de la Frontera; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
El nuevo Gobierno se distancia así de la política de Paz Total establecida durante la administración Petro mediante la Ley 2272 de 2022, que contempló negociaciones políticas con grupos armados organizados y conversaciones sociojurídicas con estructuras criminales de alto impacto destinadas a lograr su sometimiento y desmantelamiento.
La estrategia llegó debilitada al final del anterior Gobierno, después de la suspensión o ruptura de procesos como los mantenidos con el ELN y sectores del Estado Mayor Central de las FARC, mientras otras negociaciones se fragmentaron o registraron pocos avances.
De la Espriella había anticipado el giro antes de asumir la Presidencia y, tras su posesión el 7 de agosto.
El mandatario endureció el viernes ese mensaje al señalar que durante su administración “los delincuentes” tendrán que someterse a la justicia y, de lo contrario, serán enfrentados por el Estado.
Pese al cierre de los procesos mediante resoluciones administrativas, la Ley 2272 de 2022 continúa vigente y no puede ser derogada mediante decisiones presidenciales de ese tipo, mientras en el Congreso existen iniciativas encaminadas a modificar o eliminar el marco jurídico de la Paz Total. (Sputnik)
