¿Reservado por investigación… o por conveniencia?
Hay gobiernos que construyen su legitimidad con resultados. Otros la construyen con discursos. Y luego están aquellos que, cuando enfrentan preguntas incómodas, descubren una palabra mágica capaz de apagar el debate público: reserva.
La promesa de la Cuarta Transformación fue clara desde el primer día. Se acabaría el viejo régimen de la opacidad, los expedientes escondidos y las decisiones tomadas detrás de una puerta cerrada. La transparencia dejaría de ser un discurso para convertirse en una práctica cotidiana. O al menos eso se ofreció.
Hoy, la realidad parece contar otra historia.
El caso más reciente es el de la cena de gala que la FIFA celebró en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. El Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió reservar la documentación relacionada con la autorización del evento porque forma parte de una investigación en curso. La Fiscalía General de la República confirmó que existe esa investigación y también informó que, hasta ahora, no ha encontrado elementos que acrediten conductas ilícitas.
Hasta ahí, los hechos.
Pero también existe otra realidad imposible de ignorar: cuando un asunto genera polémica, cada vez es más frecuente que termine bajo el mismo argumento jurídico. La investigación está abierta. Los documentos se reservan. La información deja de ser pública.
La reserva es una figura legal y, en determinados casos, necesaria para proteger el debido proceso. Nadie discute eso. Lo preocupante es cuando comienza a convertirse en la respuesta habitual frente a asuntos de evidente interés público. Entonces la excepción empieza a parecer regla.
Porque la transparencia no consiste únicamente en afirmar que todo se hizo conforme a derecho. Consiste en permitir que la sociedad pueda comprobarlo.
Si el uso del Castillo de Chapultepec cumplió con todas las normas, la publicación de los documentos terminará fortaleciendo esa conclusión. Si hubo errores administrativos, también deben conocerse. En cualquiera de los escenarios, quien gana debería ser la verdad, no el silencio institucional.
Mientras tanto, la oposición vuelve a levantar la voz.
Alejandro Moreno responsabilizó al Gobierno federal de cualquier agresión que pudiera sufrir el PRI tras el hallazgo de una granada en las oficinas del partido en Chilpancingo y denunció un clima de intimidación política. Es una acusación grave que exige una investigación seria, profesional e imparcial. También exige prudencia. Porque responsabilizar públicamente a un gobierno requiere pruebas, del mismo modo que descalificar una denuncia sin investigarla también sería irresponsable.
La violencia política nunca debe normalizarse, sin importar quién sea la víctima.
Y mientras unos denuncian intimidación y otros responden con silencio, el tablero político comienza a acomodarse para 2027.
Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, ya recorre las calles de Tabasco con visitas casa por casa y encuentros con ciudadanos. Oficialmente se trata de un acercamiento con la población. Políticamente resulta difícil pensar que esos recorridos estén desvinculados de su abierta intención de buscar una diputación federal.
En democracia nadie puede ser cuestionado por aspirar a un cargo de elección popular. Ese derecho es legítimo para cualquier ciudadano. Lo que inevitablemente despertará debate es el enorme peso político que acompaña al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la influencia que su apellido tiene dentro del movimiento gobernante.
La pregunta no es si puede competir. Claro que puede. La verdadera pregunta será si Morena demostrará que sus candidaturas se deciden por mérito político o si terminará reforzando la percepción de que el poder también puede heredarse.
Y ahí aparece una contradicción difícil de ignorar.
Un movimiento que nació criticando al viejo sistema hoy enfrenta cuestionamientos muy similares a los que durante años dirigió contra sus adversarios: concentración del poder, opacidad en asuntos sensibles y protagonismo de figuras cercanas al círculo gobernante.
Quizá la mayor ironía sea que Morena llegó prometiendo acabar con las prácticas del pasado y hoy buena parte del debate nacional gira precisamente alrededor de la transparencia, la rendición de cuentas y la concentración del poder.
La democracia no se fortalece ocultando expedientes durante más tiempo del necesario. Tampoco desacreditando automáticamente a quien denuncia ni suponiendo culpabilidades sin evidencia. Se fortalece cuando las instituciones investigan con independencia, cuando los documentos terminan siendo públicos y cuando la ciudadanía puede contrastar el discurso con los hechos.
Porque un gobierno verdaderamente convencido de su honestidad no debería temerle al escrutinio. Al contrario: debería ser el primero en abrir los archivos cuando la ley lo permita.
La confianza pública no se decreta desde una conferencia. Se construye con transparencia.
Y esa, hasta ahora, sigue siendo la asignatura pendiente.
